- Gobierno, patronal y sindicatos que firmaron el pacto ayer también se comprometen, en virtud de su contenido, a modernizar el marco laboral para minimizar el impacto sobre el empleo de futuras crisis futuras y las políticas activas con el fin de reorientar los recursos hacia un sistema de apoyo personalizado, formación y recualificación de los trabajadores, desplegando mecanismos para alinear la oferta y la demanda en el mercado laboral. Muestran su apoyo al desarrollo de la economía social y el sistema de cuidados, así como al colectivo de los autónomos, “tanto en la superación de las consecuencias económicas de la pandemia como en la reactivación de sus actividades profesionales”.
Se comprometen además a asegurar el reforzamiento de los servicios públicos especialmente el sanitario y el sistema de dependencia, así como el servicio público de empleo (SEPE), mejorando la calidad de los empleos y los mecanismos de coordinación y de colaboración público-privada existentes.
En materia de pensiones, apuestan por abordar las adaptaciones que sean necesarias para reforzar y garantizar la sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, protegiendo su poder adquisitivo. Y en materia fiscal, se comprometen a impulsar medidas para aflorar la economía sumergida, “luchando contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal”, según figura en el documento.
En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, confió en que en estos foros se resuelvan tanto los problemas “históricos” como los detectados durante la pandemia, abriendo así “una puerta a reconstruir un nuevo país” partiendo de los servicios públicos.
“Tenemos que abordar de forma concertada el reto de la digitalización”, la transición ecológica o la formación permanente de los trabajadores, subrayó el líder de CCOO, Unai Sordo, así como corregir las deficiencias del modelo laboral para que los despidos “sean la última opción” de las empresas.
