donostia - El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, anunció ayer que los técnicos del departamento foral de Hacienda y Finanzas analizan el tratamiento fiscal a las cajas de resistencia sindicales junto con sus homólogos en las otras dos diputaciones vascas por tratarse de “una cuestión espinosa”.

Lasa se remitió a la normativa que protege la confidencialidad de los contribuyentes para avanzar que la institución foral guipuzcoana no ofrecerá información alguna tras conocerse que la Hacienda vizcaina ha requerido a los sindicatos información sobre “las obligaciones de retención en el uso de la caja de resistencia o herramientas similares”.

Sin “confirmar ni desmentir” una actuación similar en Gipuzkoa, Imanol Lasa reconoció que este instrumento es una “cuestión espinosa” que está en el “meollo” del “debate”. Según explicó, debido a su alto contenido técnico corresponde al personal especializado de la Hacienda foral guipuzcoana “resolverlo y atenderlo” tal y como se procede “en las diferentes diputaciones”.

No obstante, recordó que la Diputación de Gipuzkoa tiene como uno de sus ejes de actuación la lucha contra el fraude fiscal, por lo que en la actualidad cualquier colectivo, “sean empresas, sean personas físicas, sean sindicatos” puede estar siendo analizado. Volvió a apelar a la confidencialidad para no ofrecer información sobre este asunto.

El proceso de control iniciado por la hacienda vizcaina a los pagos que hacen los sindicatos desde la caja de resistencia ha abierto un debate sobre cómo deben considerarse estos ingresos desde el punto de vista fiscal. Bizkaia tiene claro que lo que recibe un afiliado de su sindicato -ELA, LAB y USO son las centrales vascas que tienen caja como tal- durante una huelga debe estar sujeto a retenciones y declararse como ingreso en el IRPF. El líder de ELA, Adolfo Txiki Muñoz, ya dio a entender el lunes que hasta ahora no se ha hecho así al no considerarse estos pagos rendimientos del trabajo

Asesores fiscales consultados por este diario señalaron que, si bien una hacienda foral puede iniciar acciones contra las dos partes en caso de fraude, lo habitual es proceder contra el retenedor, en este caso el sindicato, y dar por hecha la buena fe del trabajador.

Si finalmente se demuestra que los pagos no se han hecho de acuerdo a la normativa, el revés que recibiría el sindicato mayoritario iría más allá de lo estrictamente económico al quedar en entredicho el funcionamiento de una herramienta que durante años ha sido su seña de identidad.

cambio de criterio Pero existen serias dudas de que la inspección vaya a ir tan lejos. ELA asegura que ha habido un cambio de criterio en la hacienda vizcaina y recuerda que Álava tuvo que archivar el expediente abierto por esta misma cuestión cuando trató de meter mano a los pagos de la caja en el conflicto de la empresa Caballito.

Desde Álava, el diputado general Ramiro González afirmó que la Hacienda alavesa no investigará las aportaciones de los sindicatos desde la caja de resistencia como ha hecho Bizkaia.

González aseguró ayer que en el caso de la Diputación de Álava “no se han apreciado elementos que hayan hecho a los técnicos tomar una medida de este tipo”, lo que pone de nuevo de manifiesto la disparidad de criterios sobre este asunto.