donostia - El administrador concursal de Unipapel, que tiene una factoría en Aduna con una plantilla de 70 trabajadores, ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid la extinción de todos los contratos que la empresa tenía vigentes tanto en la localidad guipuzcoana como en las plantas de Logroño y la madrileña de Tres Cantos.
Así lo avanzó ayer a Efe Jaime Calvo, secretario general de Industria de USO La Rioja, quien señaló que el administrador concursal no ve posibilidades de ofrecer un futuro a la firma papelera, al no encontrar soluciones que la hagan viable a medio plazo ni hallar un inversor dispuesto a comprarla.
La evolución de Unipapel, que llegó a convertirse en un referente en el sector papelero, durante los últimos dos años ha sido errática. En 2012 procedió a una reestructuración para cambiar su denominación a Adveo e iniciar un plan de expansión. Dos días antes de finalizar 2013, la directiva procedió a la venta de la unidad industrial al fondo de capital riesgo suizo Springwater con la intención de potenciar su actividad, que más tarde se ha revelado del todo contraproducente.
En el caso de Aduna, los problemas surgieron algo antes de esta operación, concretamente en julio de 2013, cuando los entonces más de 80 trabajadores vieron reducidos sus salarios como medida para afrontar los problemas económicos que afrontaba la fábrica.
Poco después del anuncio de la venta a Springwater de las unidades industriales por 16 millones de euros, la plantilla de Aduna recibió con preocupación unas primeras informaciones que apuntaban a un traslado de la producción a la factoría de Logroño. En respuesta, los trabajadores iniciaron el 20 de enero de 2014 una huelga indefinida cuyo desarrollo no se vio exento de polémica.
Dos semanas después, la huelga fue desconvocada al conseguir el compromiso de la dirección de buscar un plan de viabilidad para la planta, además de asegurarse que no habría despidos ni rebajas salariales. Eso sí, se procedió a un plan de prejubilaciones que rebajó en 14 personas la plantilla, hasta quedar en 70 trabajadores.
La situación parecía encarrilada hasta que dos años después, en mayo de 2016, Springwater anunció un ERE de extinción que contemplaba despidos en las tres fábricas, 17 en Aduna, y otro de suspensión temporal de empleo para el resto de los tres centenares de trabajadores que conforman la plantilla de las factorías madrileña, riojana y guipuzcoana.
En las posteriores reuniones de negociación con los sindicatos Unipapel advirtió de que el cierre de las plantas tendría una duración mínima de seis meses, que podría alargarse a dos años. Tan solo dos días después, tras una reunión entre dirección y trabajadores en Aduna, Springwater anunciaba que Unipapel estaba en preconcurso de acreedores, que posteriormente se concretó en un concurso.
A pesar de las sucesivas movilizaciones, en julio del año pasado comenzó a aplicarse el ERTE en Aduna, que se vio interrumpido en noviembre, cuando la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional anuló esta medida, dando la razón a CCOO que fue quien la impugnó.
La solicitud de ayer cierra un ciclo de una empresa emblemática.
