donostia - El Partido Popular sigue buscando fórmulas para reducir el gasto público y no pierde de vista el apartado menos controlable: las pensiones, que se comerán un tercio de los Presupuestos del Estado el próximo año. La legislatura, que arrancó con una reforma de las jubilaciones, llega a su fin con otro movimiento que también persigue aligerar en el futuro las cargas de la Seguridad Social y que podría suponer a la postre el endurecimiento del acceso a la pensión por viudedad.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, planteó ayer la posibilidad de sacar las pensiones de muerte y supervivencia del sistema general. Lo hizo ante la prensa, poco después de desglosar en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados las partidas relacionadas con su cargo y avanzar que la recaudación líquida total del sistema supera ampliamente los 71.400 millones de euros hasta agosto, “una cifra récord”.
Burgos aseguró que su intención es tan solo “abrir un debate” que los populares consideran que habrá que abordar más pronto que tarde y no concretó cuál debería ser, en su opinión, la nueva filosofía de las pensiones que perciben los viudos, los huérfanos y los familiares que dependían económicamente de un trabajador o pensionista fallecido.
‘paraguas contributivo’ Lo que sí tiene claro el Gobierno español es que esas prestaciones tienen que abandonar el paraguas que protege a las contributivas, es decir, deben dejar de estar alimentadas por las cotizaciones de los trabajadores para minimizar su impacto en las arcas de la Seguridad Social. El dinero tendría que salir en ese caso de los impuestos, un cambio hasta cierto punto irrelevante si se mantiene la asistencia en los términos actuales. Sin embargo, colocar las pensiones de viudedad en el ámbito de las prestaciones no contributivas -las que reciben los ciudadanos que se encuentran en situación de emergencia y no han cotizado- podría suponer una revisión de arriba abajo del sistema.
Como ocurre con las jubilaciones, la pensión que reciben, sobre todo las viudas, se calcula en función de los años de cotización a la Seguridad Social. Lo que se cobra es un derecho generado durante la vida laboral del fallecido. Además, se trata de una prestación compatible con el sueldo del cónyuge que sobrevive e incluso con la pensión que reciba cuando se jubile. La incógnita es cómo encaja esa filosofía dentro del nuevo esquema que al parecer intentará promover el Partido Popular la próxima legislatura. De las palabras del secretario de Estado cabe interpretar que al actual Gobierno no le cuadra la fórmula actual y que, más allá de reducir la factura que paga cada mes la Seguridad Social, se busca darle la vuelta al sistema y promover un cambio radical.
“Parece evidente que las pensiones de jubilación e incapacidad son de naturaleza esencialmente contributiva. Las pensiones de muerte y supervivencia es donde podría centrarse el debate”, aseguró a la prensa en los pasillos del Congreso.
También en declaraciones a los medios y en respuesta a la intervención de Burgos, la diputada del PSOE Isabel López i Chamosa mostró su rechazo a que las pensiones de viudedad y orfandad cambien de perfil. “Queremos hablar de pasar dinero de los impuestos a la Seguridad Social para garantizar todos los ingresos que necesita”, afirmó López i Chamosa, quien defendió que pagar estas pensiones con impuestos “nos llevaría a una situación muy complicada” por el volumen de inversión que requieren. Según sus cálculos, descargar del sistema las pensiones de viudedad, orfandad y de familiares representaría un importe de unos 24.000 millones de euros (2,5 puntos del PIB).
