donostia - El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, ha decidido archivar las actuaciones respecto a siete dirigentes vinculados al PNV que han sido investigados en el caso Epsilon. Entre ellos se encuentran tres actuales cargos del Gobierno Vasco para los que la comisión parlamentaria que investigó los fallidos proyectos de Epsilon e Hiriko, sin dar nombres, pidió su cese.
Se trata de Hernando Lacalle, director de Presupuestos, Hacienda y Finanzas; Alejandro López Carcamo, que fuera director de Industria en 2008 y actual director de Desarrollo Industrial de la Viceconsejería de Industria; y Elena Gutiérrez Pérez del Notario, actual directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, entonces miembro del consejo de administración del Parque Tecnológico de Araba. Además, el fiscal ha archivado las diligencias abiertas contra Iñaki Prusilla, actual concejal jeltzale en Gasteiz y entonces también miembro del consejo de administración del parque; Mauricio Lazcano, exdirector de la SPRI, miembro de aquel consejo del PTA; Arantza Zenarruzabeitia, exdiputada foral de Promoción Económica, entonces en el consejo de administración; y Alfredo de Miguel, quien fuera número dos del PNV en Araba y diputado foral y que está imputado en un caso de presunta corrupción que lleva su nombre.
En el auto en el que la Fiscalía da por finalizadas las diligencias de investigación del caso, el fiscal ha decidido archivar las actuaciones respecto a los citados investigados, al tiempo que pide interponer una querella criminal contra el expresidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi entre 2005 y 2009, Julián Sánchez Alegría, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal y delito societario.
Izaguirre señala en su escrito que Sánchez Alegría “obvió” el informe del bufete que asesoraba jurídicamente al parque de Miñano en el que se alertaba de que la operación “excedía el objeto social del PTA, podía constituir una ayuda de Estado” y se constataba que “aunque se tratase de enmascarar, la operación era un aval”. La Fiscalía también cuestiona la cesión de rango hipotecario por la compra de un terreno a favor de los créditos concedidos por Kutxa y Caja Vital (ahora integradas en Kutxabank) a Epsilon, una operación para la que Sánchez Alegría “no solicitó ningún asesoramiento jurídico o de otro tipo que pudiera arrojar luz sobre su viabilidad económica y jurídica”. Le acusa de que “estaba al corriente de todos los inconvenientes de la operación, de las cuestiones que eran insalvables y los decidió obviar” y todo terminó en “un evidente perjuicio patrimonial al PTA”. Además la Fiscalía entiende que “ocultó” al resto de miembros del Consejo de Administración de Miñano “las consecuencias reales de los negocios suscritos”.
Asimismo, el fiscal pide incoar una investigación contra José Miguel Corres, entonces presidente del Parque de Miñano, por delitos de encubrimiento, falso testimonio, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad documental.
Origen. El denominado ‘caso Epsilon’ estudia la posible apropiación indebida y el delito societario de la quiebra de la empresa que pretendía llevar un equipo vasco a la Fórmula 1.
Querella. La Fiscalía de Araba interpondrá ahora una querella criminal contra el expresidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal y delito societario.
Implicados. En la causa abierta, la Fiscalía alavesa pide además ocho años de cárcel para Joan Villadelprat, administrador único de Epsilon, y para el británico Mark Payne, su director financiero, por un delito societario y otro de insolvencia punible.
