donostia. El sector ferroviario del Estado afronta hoy la segunda jornada de huelga, después de la producida el 3 de agosto, convocada en protesta por la liberalización del transporte de viajeros aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ministerio de Fomento ha decretado unos servicios mínimos del 73% en los trenes de alta velocidad y larga distancia y del 65% en los trenes interurbanos.

Con motivo del paro, convocado en Renfe, Adif y Feve y que arrancará a partir de medianoche, la operadora pública cancelará 302 trenes de alta velocidad y larga y media distancia. En el caso de los trenes AVE y de larga distancia, de los 358 trenes afectados por la huelga, la segunda convocada por la liberalización del sector tras la del pasado 3 de agosto, circularán 261 y 97 serán cancelados, lo que supone unos servicios mínimos del 73%.

Para los trenes interurbanos, se garantizan unos servicios mínimos del 65%, por lo que de los 587 trenes afectados por la huelga circularán 382 y 205 serán cancelados. En cuanto a los trenes de mercancías, de los 229 trenes afectados por el paro de 24 horas, circularán 46 y se cancelarán 183, lo que supone unos servicios mínimos del 20%.

Para Adif, el porcentaje del personal de servicios mínimos representa un 18,35% del total de la plantilla. En cuanto a Feve, los servicios esenciales decretados son del 27,15% de media en trenes de viajeros y del 24% en mercancías. En la CAV la huelga estará acompañada de manifestaciones en Irun y Bilbao a las doce del mediodía.

De acuerdo con el Real Decreto Ley aprobado el 20 de julio pasado por el Gobierno, a partir del 31 de julio de 2013 quedará liberalizado el transporte ferroviario nacional de viajeros. En este nuevo escenario de liberalización y competencia, el objetivo de Fomento es lograr un incremento del número de operadores, ampliar el acceso de los ciudadanos a servicios de alta velocidad, aumentar las mercancías transportadas y conseguir, por tanto, un servicio de calidad más competitivo y con menores precios.

Sin embargo, los sindicatos critican que los planes del Gobierno ponen en peligro miles de puestos de trabajo y "empeorarán el servicio".