La Audiencia Provincial rechaza la querella de Donostia para reparar a 24 funcionarios víctimas del franquismo

La vía judicial ha quedado definitivamente cerrada para el intento delAyuntamiento de Donostia de obtener reparación legal por la represión sufrida por 24 responsables públicos y empleados municipales tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad en 1936. La Audiencia Provincial ha confirmado el archivo de la querella promovida por el Consistorio, en la que se calificaban los hechos como delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, detenciones ilegales, asesinatos, lesiones, torturas, agresiones sexuales y apropiaciones indebidas.

Según la información adelantada por eldiario.es, en su resolución, el tribunal sostiene que los posibles delitos estarían prescritos, que no es posible aplicar de forma retroactiva normas penales posteriores y que, además, resulta de aplicación la ley de amnistía aprobada en 1977.

Denuncia en 2023

La denuncia fue presentada en 2023, durante el mandato de Eneko Goia como alcalde. Entonces, el primer edil señaló que se trataba de un nuevo avance en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, y subrayó que los trabajadores municipales vinculados a la República habían sufrido graves vulneraciones de derechos.

El proceso tuvo su origen en los trabajos de documentación iniciados en 2017 junto a la sociedad Aranzadi para recopilar información sobre las víctimas de la Guerra Civil en la ciudad. Un experto en memoria histórica elaboró el listado de los 24 afectados y, tres años más tarde, se formalizó la querella.

Los 24 expedientes analizados proceden del proyecto Donostia 1936-1945 y corresponden a empleados municipales, cargos públicos, alcaldes pedáneos, representantes del PNV y del PSOE, así como a miembros de los sindicatos UGT y CNT.

Recurso

Un juzgado de Donostia decretó el archivo de la causa en 2024. Frente a esa decisión, el Ayuntamiento recurrió con el objetivo de mantener viva la investigación. No obstante, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, ratificó el sobreseimiento mediante un auto que le fue comunicado al Ayuntamiento en octubre, poco antes de la salida de Goia de la alcaldía.

En su impugnación, el Consistorio sostenía que el Estado tiene el deber de perseguir penalmente las violaciones de derechos humanos y defendía que los crímenes contra la humanidad no prescriben, apelando al denominado derecho de Núremberg.

Sin embargo, la sala ha considerado que, incluso bajo esa premisa, dichas normas fueron aprobadas con posterioridad a los hechos, por lo que no pueden aplicarse retroactivamente, principio básico del ordenamiento jurídico. A ello se suma la vigencia de la amnistía de 1977. Los servicios jurídicos municipales, por el contrario, recordaban que diversos organismos internacionales han cuestionado la interpretación que los tribunales españoles han hecho de esa ley.

Identidades

Las personas cuya reparación se pretendía eran Ángel Abalde, Ignacio Aramendi, José Arrizabalaga, Miguel Artola, Miguel Ayestarán, Saturio Burutaran, Vicente Catediano, Ignacio María Eguileor, José María Fernández, Fulgencio Frechilla, Luis Iglesias, José Isasa, Ceferino Martiarena, Cirilo Navalón, Paulino Peñalva, José Pérez, Toribio Simón, Domingo Sorondo, José Sorozabal, Anastasio Tulebras, José Ugarte, Ramón Ulacia, Millán Zabala y José Zubiarrain.

Tras conocerse la identidad de estas víctimas, el Ayuntamiento contactó con algunos de los descendientes de los fallecidos para exponerles su intención de querellarse para reconocer y restaurar los derechos de sus familiares. Los familiares localizados dieron su apoyo a la iniciativa.

400 personas asesinadas 

El Consejo Sectorial de la Memoria Histórica se creó en 2014 con el fin de obtener una “lectura colectiva” para entender el pasado de las “personas olvidadas, silenciadas y despreciadas” durante el franquismo. Donostia se convirtió así en la primera capital de la Comunidad Autónoma Vasca en poner en marcha una mesa de sus características.

Ese mismo año 2014 se inauguró en la calle Ijentea la escultura Dual dedicada precisamente a las víctimas y represaliados de régimen franquista. Durante el periodo de la dictadura, un total de 400 personas fueron ejecutadas en la capital guipuzcoana, entre ellas, las que trabajaban en el Ayuntamiento.

Reinterpretar la escultura

En setiembre de 2024, el PP presentó una propuesta en la Comisión de Derechos Humanos de Donostia en la que interpelaba al gobierno municipal donostiarra por las razones por las que la escultura ‘Dual’, levantada en 2014 no incluye “a todas las víctimas de la Guerra Civil” en Donostia.

Esta interpelación se unió a la carta que un grupo de conocidos intelectuales vascos vinculados en su día con Basta Ya y que hoy día orbitan en la derecha española enviaron a finales de julio al alcalde Eneko Goia para que reinterprete la escultura e incorpore el nombre de unas 250 personas que murieron en las semanas inmediatamente posteriores al golpe de estado franquista del 18 de julio a manos de milicianos republicanos.

Junto a la firma de nombres como Jon Juaristi, Fernando Savater, Carlos Martínez Gorriaran o Iñaki Ezkerra, figuraba la delexcongresista del PNV, Iñaki Anasagasti.