Un año después de que la regulación de los grupos turísticos organizados se convirtiera de obligado cumplimiento en Donostia, el concejal de Turismo, Jon Insausti, ha presentado un balance positivo de la misma. “Aunque son medidas que hay que valorar a largo plazo, la ordenanza se está cumpliendo salvo excepciones, que las hay”.
Insausti ha apuntado que las excepciones son atribuibles principalmente al “desconocimiento de la norma”, de ahí que de los once expedientes abiertos por la Guardia Municipal no hay ninguno que afecte a empresas y guías locales, sino a agencias estatales o que operan a nivel europeo.
La ordenanza contempla que los grupos turísticos no pueden estar integrados por más de 25 personas, no se pueden utilizar altavoces, la actividad debe desarrollarse entre las 8.00 y las 23.00 horas y las empresas deben firmar una declaración responsable cuya copia los guías tienen que llevar encima.
Según ha apuntado la directora de Donostia Turismoa, Isabel Aguirrezabala, en 2024 fueron 259 las empresas y guías que se registraron para realizar dicha declaración y en lo que va del año la cifra ronda los 200.
La importancia de la colaboración
Insausti ha aprovechado su comparecencia de hoy para “agradecer” la colaboración de las agencias y guías locales que, además de cumplir con la norma, han contribuido a darla a conocer.
La normativa, ha destacado el edil de Turismo, “nace con un objetivo claro: garantizar que la actividad turística conviva en equilibrio con el día a día de la ciudad. Un turismo de calidad solo es posible si también se cuida el bienestar de la ciudadanía donostiarra”, ha abundado.
Además, ha incidido en que de este modo el Ayuntamiento puede obtener “una fotografía” de lo que ocurre en la ciudad en esta materia.
Insausti ha subrayado la importancia de “las alianzas” para “ser más efectivos” a la hora de alcanzar el objetivo de equilibrio marcado.
A este respecto, Aguirrezabala ha afirmado que a Donostia Turismoa le ha correspondido “liderar la regulación desde la colaboración tanto de departamentos municipales como con el sector privado”.
Por último, el concejal del PNV ha puesto en valor el hecho de que Donostia se haya constituido como “referente” en materia de regulación de los grupos turísticos. Tanto es así, que municipios de la costa vasca, como Hondarribia, y otras ciudades de Euskal Herria han contactado con Donostia Turismo interesándose por la misma. El interés ha cruzado fronteras, e incluso ciudades como Burdeos o Lyon se han interesado por las medidas en vigor en Donostia.
¿Qué queda por delante? “Reforzar lo que hacemos y seguir mejorando”, ha asegurado Insausti, que también ha destacado la importancia de la “comunicación”, aspecto éste que se cuida mucho, manteniendo cauces informativos con las agencias pero también ofreciendo esta información “in situ”. “Hoy mismo hay una persona en la estación de Atotxa ofreciendo información a los grupos que van llegando”, ha asegurado. Este refuerzo se lleva a cabo, especialmente, en los meses de mayor proliferación de grupos: mayo y octubre.
Sanciones
La colaboración de la Guardia Municipal ha sido fundamental para controlar la aplicación de la norma.
El representante de la Unidad de Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales de este cuerpo, Iñaki Saez Mendizabal, ha explicado que los once informes elaborados por agentes de la Guardia Municipal, cuatro en 2024 y siete en lo que va de año, tienen su origen bien en avisos telefónicos de ciudadanos que observan algún grupo que incumple con lo estipulado en la norma o bien en la persona que ofrece información en Atotxa, que observa asimismo algún incumplimiento, como la llegada de grupos de más de 25 integrantes.
Estos expedientes, ha explicado Saez Mendizabal, son derivados por la Guardia Municipal al área de Mantenimiento Urbano, encargada de imponer las sanciones oportunas.
Pero de momento, ha añadido, no se ha interpuesto sanción alguna, dado que en este primer año de aplicación de la norma se ha dado más importancia a la información y porque, en ninguno de los casos, se ha dado un comportamiento reincidente.
El incumplimiento de la ordenanza puede conllevar sanciones que oscilan entre los 750 euros, las leves, y 1.500 euros, en incumplimientos graves.
