Tal y como se informó la pasada semana, el consejo de gobierno del Ayuntamiento de Donostia ha aprobado la suspensión del acuerdo de compraventa de los cuarteles de Loiola. Es una decisión adoptada de mutuo acuerdo con el vendedor, el Ministerio de Defensa. La operación queda en 'stand-by' a la espera de que se despeje el horizonte administrativo y judicial que, a día de hoy, impide desarrollar un nuevo barrio de 1.700 viviendas.
La compraventa del solar de los cuarteles para desarrollar en él una gran operación residencial es un proyecto largamente deseado por el Ayuntamiento de Donostia y cuenta con el apoyo de todos los grupos municipales sin excepción. A la vista de los obstáculos que han surgido cuando lo que parecía más difícil estaba hecho (el sí del Ministerio de Defensa a la venta del solar), el Ayuntamiento ha optado por cubrirse y evitar cualquier riesgo que pueda suponer una pérdida patrimonial.
“En el peor de los casos la consecuencia sería volver a la situación original. De tal manera que no existiría una pérdida, simplemente se desharía el contrato, pero devolviendo a las partes cada uno de los bienes que se han comprometido”, ha explicado el alcalde Eneko Goia en la comparecencia semanal tras la Junta de Gobierno. Es decir, el Ayuntamiento ya se maneja sobre un escenario que contempla que la operación de compraventa se vaya al traste.
Dos obstáculos
Son dos los obstáculos que tiene que salvar la operación, y su solución, como bien ha puntualizado Goia, no está en manos de ninguno de los dos actores de la compraventa. El primero de ellos, que desveló en mayo NOTICIAS DE GIPUZKOA, es consecuencia de la Ley de Costas de 1988. Esta norma que establece una servidumbre de protección de 100 metros de distancia para los terrenos situados junto al espacio de dominio público marítimo-terrestre que, en este caso, es el río Urumea.
Costas ha iniciado los trámites para ampliar la actual limitación de 20 metros que afecta al cuartel a 100 metros, lo que condicionaría de manera importante el desarrollo urbanístico de la zona. Si este deslinde propuesto por Costas sale adelante tal y como está redactado, alrededor del 70% de la zona llana no podría acoger viviendas ni ningún otro uso residencial.
Contra esta aplicación de la ley, el Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa y la agencia vasca del agua URAK han presentado sendas alegaciones. En el caso del Ayuntamiento, argumenta que el solar es desde hace un siglo suelo urbano, porque es un territorio intensamente urbanizado, con infraestructuras, carreteras y edificios, por lo que no se puede considerar como terreno urbanizable, Es decir, no se le podría imponer la servidumbre de 100 metros respecto de la línea fluvial.
Las alegaciones, sin respuesta
Las alegaciones siguen a la espera de la respuesta por parte del Servicio de Costas de Gipuzkoa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno español. "Contemplamos que pueda ser en el mes de septiembre, y es esa la razón fundamental por la que de mutuo acuerdo hemos decidido suspender el plazo", que vencía el próximo 18 de agosto.
En cualquier caso, Goia, ha mostrado su perplejidad con la situación. “Resulta un poco incomprensible que cuando de lo que estamos hablando es de un acuerdo con un Gobierno, y forman parte del mismo Gobierno el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Costas, pues tengamos que andar así".
Recurso ultra
La segunda piedra en el camino era más previsible que sucediera por el valor simbólico que los grupos de extrema derecha otorgan al complejo militar de Loiola. Si antes ya fue Vox el que consiguió en tribunales la conservación de los dos edificios principales del acuartelamiento, ahora es la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica la que ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el convenio de compraventa.
El pasado 29 julio, el Boletin Oficial del Estado informaba del recurso contencioso-administrativo de este colectivo contra el convenio de enajenación, que incluye los cuarteles, la parcela de viviendas que se encuentra en el camino de Uba, otro solar en la zona, así como diversas parcelas de carácter rústico en el monte Ulia.
Por ahora, el Ayuntamiento desconoce el contenido de la denuncia. “Habrá que ver qué posibilidades de prosperar tiene, pero bueno, eso los tribunales dirán”, puntualiza Goia. El alcalde ya se puesto en el peor de los casos. Si ocurriera lo peor, que los tribunales tumben el convenio de compraventa o que el Servicio de Costas se muestre inflexible en la aplicación de la ley, “la consecuencia sería volver a la situación original, de tal manera que no existiría una pérdida por parte del Ayuntamiento, simplemente se desaharía el contrato, pero devolviendo a las partes cada uno de los bienes que se han comprometido”.
