Donostia: Icagi condena la campaña que pone "en la diana" al letrado de la sentencia del euskera

En su recurso, estimado íntegramente por un juzgado donostiarra, este abogado argumentó que la exigencia de acreditar el perfil B2 para acceder a ambos puestos "implicaba la vulneración del derecho fundamental de su cliente a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos" recogido en la Constitución.

Tras hacerse público este fallo, algunas cuentas animaron en las redes sociales a "hacer una lista" de "euskarofobos" y "poner nombres a los enemigos del euskera".

López Lera solicitó entonces el amparo del Icagi, al tiempo que presentó una denuncia ante la Ertzaintza por si lo sucedido fuera constitutivo de algún delito.

Después de estos hechos, la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa ha celebrado este lunes una reunión extraordinaria en la que ha acordado por "unanimidad" conceder el amparo solicitado por López Lera ya que, según señala en un comunicado, "no puede permanecer silente frente" a esta "campaña" desarrollada en las redes sociales "con amplia repercusión" y "destinada a poner en la diana a quien ha ejercido la abogacía cumpliendo con sus deberes deontológicos y en atención leal a los derechos e intereses de sus clientes".

"La profesión de la abogacía -añade- se define como libre e independiente y no puede ser amenazada por crueles críticas personales que se derivan exclusivamente del hecho de haber obtenido un resultado judicial favorable a los intereses de quienes han contratado sus servicios".

"Tales conductas de indudable signo intimidatorio -prosigue el escrito- no pueden reproducirse en nuestra sociedad democrática en la que la libertad de critica frente a las resoluciones judiciales está plenamente reconocida en el ordenamiento jurídico".

Por estos motivos, el Icagi ha condenado "este ataque personal" al letrado, al tiempo que ha exigido a sus "inductores y partícipes que cesen inmediatamente en ello, dejando abierta y limpia la vía de la critica social y política, por enérgica que pueda ser, frente a cualquier resolución judicial contraria a sus intereses, ideologías o meras opiniones".

El Colegio recuerda además que conforme a sus estatutos una de funciones "ineludibles" que le corresponden consiste en dar "protección y amparo" a los abogados en el ejercicio de la profesión.

"En los casos en que dicho ejercicio profesional es gravemente perturbado mediante ataques e imputaciones de carácter personal, derivados estrictamente de una actuación profesional, resulta obligado para esta Junta de Gobierno dar integral amparo al abogado que está siendo agredido en dicha actuación", concluye la nota.