El pleno del Ayuntamiento de Donostia ha dado luz verde al reglamento que regirá el funcionamiento del Consejo Asesor de Patrimonio de la ciudad, organismo cuya puesta en marcha ya se contempló tras la revisión, en marzo de 2021, del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido de San Sebastián (PEPPUC).
A dicho consejo le corresponderán, entre otras las labores, la emisión de informes y asesoramiento al Ayuntamiento en materia de protección, tanto a la hora de revisar o modificar el PEPPUC como cuando se propone incluir o excluir determinados elementos del catálogo.
El reglamento será sometido al trámite de información pública y, de no presentarse alegación alguna, se dará por aprobado.
En el dictamen que se ha llevado a aprobación del Consistorio en Pleno se incluye la composición de dicho consejo, integrado por la concejala o el concejal delegado de Urbanismo, la persona encargada de la dirección de este departamento, la arquitecta/o responsable del PEPPUC en Urbanismo Sostenible, un representante del personal técnico de Patrimonio de la Diputación de Gipuzkoa y otro elegido por las asociaciones de defensa del patrimonio, además de cuatro profesionales expertos designados por la presidencia, dos propuestos por la Escuela de Arquitectura, otro propuesto por la Comisión de Patrimonio de la Delegación de Gipuzkoa del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro y una persona con grado de Historia del Arte propuesta por la facultad de Letras de la UPV/EHU.
En el nombramiento de estas personas “se guardarán los principios de igualdad de género”.
La composición del consejo ha sido objeto de debate y enmienda en la sesión plenaria. Así, Elkarrekin Donostia ha solicitado dejar abierta la puerta para que el número de representantes designados por las asociaciones pueda incrementarse, entendiendo que este es un modo de articular de forma más adecuada la participación ciudadana.
La portavoz del grupo, Aitzole Araneta, ha defendido además que a la hora de tomar una decisión en torno a la exclusión de algún elemento catalogado, esta debería ser avalada por “una mayoría reforzada de dos tercios”.
También EH Bildu ha presentado una enmienda en la que demanda que la asesoría de los expertos sea reclamada en todos los casos en los que tengan lugar “obras de accesibilidad, mejora de eficiencia energética y aislamiento térmico, reformas de portales, obras en locales, autorización de levantes u operaciones de vaciado interior de elementos o conjuntos que estén catalogados”.
La propuesta de reglamento ha prosperado con el voto en contra de PP y Elkarrekin Donostia, la abstención de EH Bildu y la postura favorable del Gobierno de la ciudad.
El portavoz del PP, Borja Corominas ha expresado su preocupación porque, a su entender, la forma en la que se establecen los criterios para eliminar un elemento del catálogo del catálogo del PEPPUC posibilitaría que el Consejo Asesor “pueda dejar pasar el tiempo sin cuidar dicho elemento para que presente un estado de ruina y tirarlo”, poniendo como ejemplo el edificio del Bellas Artes.
También ha manifestado sus dudas en torno a la elección de los representantes “de las entidades patrimonialistas” y por lo que ha calificado de falta de mayoría suficiente a la hora de decidir eliminar un elemento del catálogo protegido.
La delegada de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, ha respondido a Corominas recordando que los criterios para descatalogar cualquier elemento “ya estaban fijados en el PEPPUC”, ha rechazado de plano cualquier acusación respecto al Bellas Artes afirmó que el Gobierno, además, ha incluido “más elementos” en dicho catálogo. Por otra parte, ha querido tranquilizarle asegurando que las asociaciones “ya han propuesto a sus representantes”.
La portavoz del PSE, Marisol Garmendia, ha abundado en esta línea señalando que el voto favorable de su grupo busca, “aumentar la “protección o incluir en la lista de elementos protegidos, por ejemplo, a los comercios tradicionales o portales históricos que no están en el PEPPUC”.
Ricardo Burutaran, EH Bildu, ha criticado que “la oposición se quede sin participación en el consejo” y que la presidencia recaiga en la concejala de Urbanismo Sostenible, siendo esta “juez y parte”.
“¿Cuántos elementos descalifica el Gobierno de la ciudad? Lo hace el Pleno”, ha asegurado tajante Arzallus.
