donostia - El grupo municipal de EH Bildu de Donostia criticó ayer “la política de vivienda del PNV y PSE” que, según añadió, “no da resultados mientras el problema empeora cada día” y reclamó la puesta en marcha de un Observatorio de la Vivienda para llevar a cabo una “monitorización continua de los datos”, tal y como propuso hace dos años y fue apoyado por la Corporación en Pleno. Esta herramienta, sin embargo, ya existe, según respondió el Gobierno Municipal, que dijo estar trabajando “desde hace tiempo a través de Etxegin-tza en la actualización permanente de los datos de vivienda”, por lo que estima que “no es necesario” crear el observatorio.

“Lo importante es tener la información actualizada y conocer la evolución, cosa que ya se hace de forma sistemática”, señaló el Ejecutivo de Goia por medio de una nota informativa. En ella, el Gobierno municipal PNV-PSE añadió que desde los preparativos del Plan de Vivienda, Etxegintza y la Unidad Municipal de Datos “llevan tiempo intercambiando información y generando datos”.

Asimismo, añade que se ha realizado en 2019 un primer censo integral de vivienda y trabajan para crear una base de datos que se pueda ir actualizando de modo permanente. Además, Donostiako Etxegintza tiene un acuerdo con los Administradores de la Propiedad Inmobiliaria para el seguimiento de evolución de los precios de vivienda en base a las compraventas. En relación con el alquiler, Donostiako Etxegintza “viene recabando datos de la evolución del mercado del alquiler de fuentes rigurosas”, dijo el Ejecutivo, que consideró que tiene “un instrumento informativo sólido para hacer el seguimiento de lo que ocurre en la ciudad también en materia de vivienda”.

EH Bildu, por su parte, criticó la situación actual de la vivienda y recordó que la media de los alquileres “ronda los 1.200 euros mensuales” y que a los 1.200 pisos turísticos ya registrados se han añadido 128 en la presente legislatura, “lo que implica que se abre uno cada dos días”. Asimismo la formación soberanista pidió al Gobierno local que “asesore y defienda” a las familias afectadas por los fondos buitre.