- Sorpresa, estupor, desconcierto e incredulidad son algunos de los sentimientos generados entre diferentes ámbitos del sector cinegético la cifra de 51 fallecidos en accidentes de caza durante 2020 que aportó erróneamente el Gobierno de España. La cifra, según la última respuesta aportada desde el ejecutivo central reduce a tres el número de personas fallecidas el pasado año debido a la actividad cinegética en todo el territorio español.

El medio centenar de víctimas mortales aportado inicialmente “es un error evidente, ya que en la pasada campaña, a excepción de los dos primeros meses del año, apenas hubo actividad cinegética debido al confinamiento propiciado por el covid-19”, según apunta Israel Hernández, director de la revista Jara y Sedal especializada en caza, pesca y naturaleza.

Destaca además que “carecía de lógica alguna que se aportasen esos datos en el mes de octubre, cuando el período importante de caza se desarrolla entre septiembre y enero” y durante casi siete meses que se incluyen en el informe “la mayor parte de las modalidades de caza estaban vedadas”.

El desfase de números ha llevado a esta publicación a destacar que “El Gobierno infló un 1600% la cifra de fallecidos en accidentes de caza en 2020”, según titula en una información referida a los datos aportados inicialmente y que han sido posteriormente corregidos.

El malestar generado en todo el sector cinegético se debe no solo al dato en sí mismo, sino a que fuera recogido “por gran parte de los medios de comunicación regionales y nacionales”, apunta Hernández. El error ha llevado incluso a la Real Federación Española de Caza a solicitar explicaciones al Gobierno, según ha reconocido Manuel Gallardo, nuevo presidente de la entidad.

El ‘baile’ de cifras proporcionadas por el Gobierno de España tiene su origen en la pregunta formulada en agosto del año pasado por el senador Carles Mulet García, de la coalición Compromís que está integrada en el Grupo Parlamentario Izquierda Federal. La respuesta inicial llegó en el mes de octubre de ese mismo año “cuando aún no había terminado el año en curso, algo que resultaba, cuando menos, sorprendente porque no podía haber cifras oficiales hasta que se cerrase el año”, destaca Hernández.

Una comparación con los datos referentes al período 2015-2020, que ha sido publicada por Jara y Sedal a partir de un recuento realizado por la Guardia Civil, deja entrever que el error era evidente. En ese lustro se contabilizaron 208 accidentes de caza, con un arma de fuego en 200 de esos percances, que provocaron 83 heridos leves y 31 muertes. El peor año fue 2016, en el que se produjeron 41 accidentes y ocho muertes.

Según los últimos datos aportados por el Gobierno, el pasado 22 de marzo, a lo largo de 2020 se contabilizaron 41 accidentes con tres fallecidos en accidentes de caza ocurridos en Cuenca, Ourense y Valencia. En doce siniestros se produjeron heridos de gravedad, en nueve casos las lesiones fueron leves y en 17 no hubo lesiones.

En ese mismo informe se señala que este año, hasta el 15 de febrero, no se habían producido accidentes mortales durante la práctica cinegética, y de los cuatro percances contabilizados uno originó lesiones graves, otros dos provocaron lesiones leves y el cuarto se saldó sin lesiones.

Hernández destaca que la siniestralidad con armas de fuego durante la actividad cinegética resulta “afortunadamente, muy baja”, más aún si se tiene en cuenta que en todo el Estado español existen unas 800.000 licencias de caza. “Yo no creo en las casualidades y la respuesta que ofreció el Gobierno, además de resultar decepcionante y sorprendente, criminaliza la actividad cinegética”, añade.

El responsable de Jara y Sedal apunta un cambio de tendencia en la actividad cinegética por parte de los aficionados, ya que “se están incrementando los porcentajes de quienes se dedican a la caza mayor respecto a quienes practican la menor, aunque estos últimos siguen siendo mayoría”. En la respuesta a la pregunta realizada por Mulet García se detalla la existencia en el Estado español de algo más de 340.000 rifles y casi 1,8 millones de escopetas autorizadas.

De las 47.273 armas de caza registradas en Gipuzkoa, 3.608 corresponden a rifles y 43.665 a escopetas, mientras que en Araba, son 2.625 y 13.560, respectivamente; en Bizkaia, 4.614 y 39.963 y en Nafarroa, 6.552 y 42.370.

Este año, hasta el 15 de febrero, no se habían producido accidentes mortales durante la práctica cinegética