Mientras la noticia no sea que la Iglesia española se apropió de lo que no le pertenece, sino que devuelve una pequeña parte de lo robado, vamos mal. De momento reconoce que no eran suyos casi 1.000 de los 35.000 inmuebles que, gracias a una ley de Aznar de 1998, pudo registrar para incrementar su patrimonio con la firma del obispo diocesano y sin probar nada. En su codicioso desenfreno acaparador de bienes terrenales, llegó a escriturar más de 2.000 al año hasta que una seria advertencia del Tribunal de Estrasburgo por no garantizar la seguridad jurídica, obligó a cambiar la ley. Y, a pesar de que los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 recogen que la Iglesia “debe lograr por sí misma los recursos suficientes para sus necesidades”, algunos de estos inmuebles son explotados con éxito comercial y no pagan impuestos, aunque su mantenimiento corre a cargo del Estado. Otros, incluso se han vendido.Como sabían lo que hacían, ¿habrá consecuencia penal? Y si la ilegalidad de los registros es patente, ¿por qué no se revierten y es la Iglesia quien demuestra su dominio?Mucho sermón evangélico, mucha promesa celestial... pero más doble moral y mal ejemplo; como cuando las limosnas de los cepillos se las jugaban en Bolsa.Es hora de eliminar los privilegios medievales que perpetuó el nacionalcatolicismo.
