La Fiscalía y la acusación popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, han pedido este lunes que se prorrogue por un plazo de dos años, el máximo legal, la prisión provisional del presunto violador en serie investigado por distintas agresiones sexuales ocurridas en Gipuzkoa entre los años 2012 y 2019.
Ambas partes han formulado esta petición durante una vista que ha tenido lugar este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, al cumplirse los dos primeros años de prisión provisional del procesado, cuya defensa se ha opuesto a la prórroga de su encarcelamiento.
El inculpado se encuentra en la cárcel desde julio de 2019, cuando fue detenido por la Ertzaintza a raíz de una violación cometida en Beasain, circunstancia que permitió relacionarlo presuntamente con otra decena de agresiones sexuales ocurridas anteriormente en diferentes poblaciones del territorio.
Se da la circunstancia de que la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa ya acordó el mes pasado otra prórroga de la prisión provisional de este hombre por una de estas causas que se encuentra más avanzada y cuyo juicio está previsto que se celebre con anterioridad a los hechos ocurridos en Beasain.
En la sesión celebrada hoy, el procesado ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel de Dueñas (Palencia), desde donde ha seguido los detalles de la vista en la que tanto la Fiscalía como la acción popular han apelado a la posibilidad de que el acusado vuelva a delinquir y a la existencia de riesgo de fuga, entre otros argumentos, para reclamar la prórroga de la prisión provisional.
En concreto, el Ministerio Público ha recordado que "existen indicios racionales de la comisión de una acción delictiva" por parte del investigado, así como la concurrencia de "motivos bastantes" para atribuirla al inculpado, "a la luz de las manifestaciones de la propia víctima" que han resultado "coherentes, homogéneas e inmediatas" a la presunta comisión de los hechos.
La fiscal, ha recordado en este sentido la existencia de pruebas en el lugar de los hechos "como ADN y huellas dactilares", así como de "pruebas de geolocalización" que constan en las actuaciones.
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Por su parte, la letrada Cristina Ramos, que ejerce la acción popular en nombre de la asociación Clara Campoamor, ha afirmado que "racionalmente" existe "riesgo de fuga" del acusado, debido a que los hechos por los que será enjuiciado podrían suponer doce años de cárcel.
Igualmente, ha puesto de manifiesto la existencia de "un riesgo muy alto de fuga" porque el procesado es de nacionalidad rumana, y porque "está en puertas" de la celebración de al menos dos juicios.
En uno de ellos se juzgarán una presunta violación y dos tentativas de agresión sexual ocurridas en Anoeta, Andoain y Tolosa, mientras que la segunda vista tendrá lugar por otra presunta violación sucedida en Lasarte-Oria.
Tras recordar que el hombre se encuentra encausado por otros delitos de índole sexual, esta abogada ha advertido de que, de no prorrogarse la prisión, estaríamos ante un "riesgo altísimo" de reincidencia.
Por el contrario, el abogado de la defensa ha descartado una posible fuga de su cliente debido al arraigo personal y familiar que, según ha dicho, tiene en Gipuzkoa, al tiempo que ha descartado que exista una "alarma social" por su posible excarcelación que, según ha comentado, "ha desaparecido con el paso del tiempo".
Por estos motivos, ha reclamado la puesta en libertad provisional de su representado con medidas menos gravosas que la cárcel, como pueden ser la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.
