Cuando medio mundo mira a Estados Unidos, y al peligro de regresión que anticipa el Supremo con la derogación del derecho al aborto, el Gobierno español acaba de dar un paso al frente para blindar la interrupcción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. La futura ley del aborto se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo martes. El nuevo texto acaba con la exigencia del consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años.
El aborto sigue ahondando la brecha abierta entre socialistas populares, que no se han cansado de apremiar al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el recurso presentado a la ley actual, la conocida como ley de plazos, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una década después, cuando todavía ni siquiera hay una respuesta de la Justicia a las alegaciones presentadas a la ley de 2010 -en vigor actualmente- la reforma en la que está inmerso el Ministerio de Igualdad desactivaría el potencial alcance del fallo. Lo hace de tal modo que interrumpir voluntariamente el embarazo estará a partir de ahora "garantizado en todos los hospitales públicos", según recoge la ley que está previsto aprobar la semana que viene.
SUPERAR "OBSTÁCULOS"
El texto se encuentra en la última fase de negociación y la idea es que el Consejo le de el visto bueno el próximo martes, según ha adelantado este miércoles la Cadena Ser. La ministra Irene Montero reconoce "el importante avance" que supuso la norma en 2010 pero entiende que ha llegado el momento de actualizar la ley, con el fin de superar los "obstáculos" que a su entender aún dificultan el acceso "pleno" a los derechos de las mujeres a tomar decisiones en materia de salud reproductiva.
Actualmente hay hospitales que aducen objeción de conciencia para no realizar intervenciones. Incluso, en aquellos casos en los que hay riesgo para la vida. Actualmente solo el 15% de las intervenciones se realizan directamente en centros públicos, según datos del Ministerio de Sanidad, y lo que ocurre en los centros sanitarios es el espejo del pulso que se libra también en las calles.
Así se ha podido comprobar durante los últimos meses en Donostiaen Donostia, donde grupos ultraconservadores han protagonizado actos de acoso a mujeres que acuden a las clínicas. La ley que penaliza estos actos entró en vigor a mediados de abril.
En realidad, el acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos es una constante desde 1985, cuando se aprobó la ley que despenalizaba estas prácticas en tres supuestos: violación, riesgo de malformación, o para la salud física o mental de la madre. Según la actual ley en vigor, cualquier mujer mayor de 18 años puede interrumpir por su propia voluntad un embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Con la nueva normativa la edad desciende.
A PARTIR DE LOS 16
La futura ley del aborto supone un paso más del anclaje progresista legal, que acaba con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años, un requisito que introdujo en 2015 el PP en la ley de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El texto, que lleva meses negociándose, recoge el diagnóstico de la actual situación en el Estado, donde hay provincias en las que no es posible interrumpir el embarazo porque no hay clínicas con la que concertar ese servicio, que es el modelo de actuación habitual.
Ante ello, el ministerio quiere "blindar" el acceso al aborto en la sanidad pública mediante la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales. El modelo ideado es similar al que ya contempla la Ley de Eutanasia: un registro de profesionales dispuestos a realizar estas prácticas.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA: DECISIÓN SOBRE EL CUERPO
"Respetaremos escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia, y lo haremos escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos", señaló durante su última comparecencia pública sobre esta cuestión la ministra Montero.
El objetivo es que en todos los hospitales haya ginecólogos y profesionales dispuestos a realizar la intervención. El ministerio quiere poner sobre la mesa "cifras claras" sobre cuántos son objetores o no con la idea de poner en marcha la prestación.
A falta de conocer los últimos detalles del texto final, serán las mujeres las que elijan el método de interrupción -farmacológico o instrumental-, aunque falta por determinar a partir de ahora el grado de intervención de los centros públicos con respecto a las clínicas privadas especializadas, que son las que asumen mayoritariamente los abortos desde los años 80, con las que la Administración concierta el servicio.
Otra de las ideas de Igualdad es rebajar el IVA del 10% que soportan los productos de salud menstrual, así como el reparto gratuito en centros educativos de productos de higiene femenina. Entre otras cuestiones, la reforma contempla también que las mujeres embarazadas tengan derecho a partir de la semana 36 de gestación -y hasta que den a luz- a un permiso retribuido y universal con el fin de proteger su salud manterna, y que sea independiente al reconocido tras el nacimiento del bebé.
