La menor presión migratoria en el paso fronterizo de Irun permite observar estos días otras realidades que afloran, como la de las personas que llevan tiempo deambulando entre países, o dentro del propio Estado, cuyos perfiles pasan más desapercibidos en épocas de grandes flujos migratorios.
Así lo explica a este periódico Jon Aranguren, miembro de la red Irungo Harrera Sarea, quien señala que una de cada tres personas atendidas es "dublinada". Así se denomina a los migrantes que son deportados desde otros estados miembros de la Unión Europea en aplicación del Reglamento de Dublín.
Este sistema se fundamenta en la idea de que cualquier estado al que pueda retornarse a una persona es un país seguro, ya que tanto el país que solicita el retorno como al que se va a devolver a la persona "comparten unos estándares equivalentes de protección". Es, al menos, la teoría, aunque la práctica habitual de funcionamiento pone en entredicho este sistema. Principalmente, porque es habitual que los Estados rechacen hacerse cargo de las solicitudes de retorno.
Entre los criterios de reparto de esta competencia, prevalece que la persona migrada vea reconocida su situación administrativa en el país por el cual haya accedido a la Unión Europea. Así, cuando un refugiado o una refugiada accede a través de la frontera entre Marruecos y Melilla, estaría obligado a solicitar asilo en el Estado.
Si esta persona posteriormente se traslada a otro lugar, por ejemplo Italia, las autoridades italianas comprobarán sus huellas, verán que accedió por el Estado e, invocando el Reglamento, le pedirá que se haga cargo del o de la solicitante de asilo. Así, se le "retorna" cuando las autoridades españolas acepten. Las "dublinadas" son estas personas deportadas que van y vienen en virtud de estos acuerdos, muchas de las cuales quedan en el limbo.
