- Un estudio de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) denuncia las barreras que encuentran los inmigrantes indocumentados a la hora de acceder a los servicios sanitarios y reclama mediadores culturales e información multilingüe para que reciban una atención adecuada.

“Nuestra sociedad considera la atención sanitaria como un privilegio, pero en sí misma es un derecho fundamental. Hay que fomentar una nueva perspectiva tanto en la sociedad como entre el personal sanitario”, destaca la autora de este estudio, la profesora de Enfermería Iratxe Pérez Urdiales, doctora en Salud Pública y antropóloga social.

El informe pone en evidencia que los inmigrantes irregulares tienen dificultades para acceder a los servicios sanitarios en Euskadi y por tanto sufren mayor riesgo de padecer peor salud. “Para conseguir un sistema sanitario más inclusivo, debe garantizarse su acceso legal a la sanidad y promoverse entre el personal sanitario una atención basada en los derechos”, subraya Pérez Urdiales, en este estudio que forma parte de su tesis doctoral. También constata que las mujeres inmigrantes son más propensas a buscar asistencia sanitaria y se enfrentan a factores de género que dificultan su acceso.

Los motivos que dificultan el acceso a la sanidad dependen de factores como el origen, idioma y cultura de cada inmigrante, pero también la burocracia del sistema sanitario, los requisitos legales en función de su situación administrativa irregular o regular, así como de “la visión estereotipada y pobre de la sociedad y del personal de los centros de salud respecto a los inmigrantes”.

La investigadora subraya, por otra parte, la importancia que tienen las clínicas gratuitas, como la de la ONG Médicos del Mundo Euskadi, que atiende a inmigrantes que quedan fuera del sistema sanitario público, ya que muchos de ellos tienen miedo de acudir a centros públicos.

En la investigación se observa que entre los inmigrantes en situación regular, tanto hombres como mujeres encuentran obstáculos similares, excepto en el caso de mujeres víctimas de violencia de género.

El estudio concluye que, además de garantizar el derecho legal a la asistencia sanitaria de estas personas, es necesario contar con una atención culturalmente adecuada, reforzar los valores de la no discriminación y crear fuentes de información más accesibles y multilingües para las personas inmigrantes.