El Gobierno vasco paraliza la tramitación de las multas impuestas durante el confinamiento

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, considera "sorprendente y chocante" la sentencia del Tribunal Constitucional

15.07.2021 | 13:27
Un control de la Ertzaintza durante el estado de alarma

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha considerado "sorprendente y chocante" la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el confinamiento del primer estado de alarma.

Erkoreka, en declaraciones realizadas en Bilbao, ha lamentado que la decisión del Constitucional deja en "agua de borrajas" todo lo realizado entre marzo y junio de 2020 y "traerá unas consecuencias importantísimas".

Ha explicado que la Ertzaintza y las policías locales vascas (sin contar las de Bilbao, Gasteizy Barakaldo) tramitaron 22.955 denuncias por incumplimientos del confinamiento, 13.500 a cargo de la Ertzaintza y 9.500 de los agentes municipales, de las que unas 5.000 ya han sido pagadas, por un importe de 1,5 millones de euros.

"Hay que ver qué dice la sentencia sobre todo ello" y cómo actuar con las multas ya pagadas, algunas de ellas tras sentencia de los tribunales, ha apuntado. Erkoreka ha señalado que, de momento, el departamento de Seguridad ha paralizado la tramitación de los expedientes sancionadores en curso.

El consejero ha destacado el "desánimo" que produce en su departamento y en los agentes una sentencia de este tipo y ha recordado que se tuvo que contratar personal y desarrollar una aplicación informática para poder tramitar todas las sanciones, que se "multiplicaron por cuarenta" con el estado de alarma.

En cuanto al decreto publicado hoy que prohíbe las reuniones en espacios públicos entre la medianoche y las seis de la madrugada, Erkoreka ha pedido la implicación de los ayuntamientos para "acordonar perimetralmente" los lugares en los que se realizan botellones y no dejar todas las actuaciones en manos de los policías.

El vicelehendakari ha incidido en que esta prohibición "no es un capricho" y que se adopta porque no se pueden tomar "otras" con un Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tan "restrictivo" ante las medidas que limitan derechos fundamentales.

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