- El fallo que dictó la pasada semana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco basa toda su línea argumental en el hecho constitucionalmente blindado de que el castellano es una lengua de obligado conocimiento mientras que el euskara (y el resto de lenguas del Estado) es un idioma al que solo se le reconoce el derecho a usarlo.
El fallo subraya que garantizar la cooficialidad corresponde a la Administración autonómica “en su conjunto” pero “no individualmente” a cada uno de los funcionarios. Y abundando en este esquema, añade que garantizar a los euskaldunes su derecho a usar el euskera no puede suponer “una discriminación” de los castellanohablantes a la hora de acceder a los cargos públicos.
Para el TSJPV, exigir a los aspirantes a un empleo público que demuestren algún grado de conocimiento de euskera “tiene sentido” solo para garantizar que la Administración cumple con la cooficialidad. Ir más allá, “es discriminatorio” y “atenta” al derecho de los ciudadanos a acceder a un empleo público en condiciones de igualdad, porque “se estaría dando preferencia a un grupo de ciudadanos frente a otros por el mero hecho de que conozcan la lengua cooficial (el euskera en este caso), cuando esta exigencia “no es necesaria para garantizar el derecho de los administrados a relacionarse con la Administración en euskara”.
Consecuentemente con este planteamiento, el fallo anula la convocatoria del Ayuntamiento de Irun para cubrir 12 puestos de policía municipal para los que exigía algún grado de conocimiento de euskera.
Como recuerdan los jueces, el castellano es una lengua de obligado conocimiento, mientras que solo hay derecho a usar el euskera
