Eider Mendoza, portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, denunció ayer la "persecución" que con "fines políticos" a la que se ha sometido a los responsables forales que dieron luz verde a la ejecución de las pistas de Aralar, una iniciativa que fue denunciada por los grupos ecologistas Eguzki y Landarlan, y que ahora la Justicia acaba de avalar al confirmar que se respetó la legalidad y la normativa de protección ambiental del parque de natural.
Preguntada al respecto en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Mendoza mostró su solidaridad con Arantxa Ariztimuño, directora foral de Montes, con los allegados del ya fallecido Félix Asensio, que en 2016, cuando se inició este proceso judicial, era director de Medio Ambiente; así como con el entonces presidente de la Mancomunidad de Enirio Aralar y alcalde de Ordizia, José Miguel Santamaria. Estas tres personas se enfrentaban a penas que podía suponer hasta cuatro años de cárcel por un supuesto delito de prevaricación urbanística en la ejecución de la pista hasta la manga de Saltarri. Sin embargo, el auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia de Tolosa les absuelve porque no hubo ni decisiones arbitrarias, puesto que fueron numerosas las ocasiones que el proyecto estuvo en exposición pública, ni impacto ambiental relevante en la zona.
En este sentido, Mendoza ha recalcado que el "auto deja claro que todas las actuaciones se hicieron" con un "escupuloso respeto a la legalidad vigente" y ha recordado que la única finalidad del proyecto era "el bien comun", traducido en la mejora de la "accesibilidad" a las chabolas que utilizan los pastores que tienen el ganado en el parque natural.
El auto, concretamente, se refiere a la pista que lleva a Saltarri, pero, como recordó este lunes Enba, los grupos ecologistas también denunciaron la ejecución del acceso de Enirio a Igaratza, por lo que desde este sindicato reclamaron la retirada de esta segunda denuncia.
