- El titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid ha rechazado ratificar la orden dictada por la Comunidad de Madrid para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los dos metros de distancia al cierre del ocio nocturno.
En el auto, dictado el jueves por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián y hecho público ayer, se señala que “desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma”.
El juez subraya que la orden de la Comunidad de Madrid con las nuevas restricciones se basa en otra del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos”.
Además de las restricciones al tabaco y al ocio nocturno, la orden madrileña recogió las medidas acordadas para las residencias de personas mayores relativas a salidas, visitas y pruebas PCR; y la prohibición de comer en el transporte público, unas restricciones que llevó ante el juzgado para su ratificación el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado asegura que es consciente de las dificultades a las que se enfrenta el país debido a la pandemia y de la necesidad de conjugar las cuestiones sanitarias y económicas, pero advierte de que el COVID-19 ha dejado al descubierto “muchos problemas normativos y jurídicos” que deben resolverse por los órganos constitucionalmente competentes, respetando la legislación vigente y la jurisprudencia del Constitucional.
A su juicio, es innecesario diseñar nuevos instrumentos jurídicos, como piden las comunidades autónomas, porque “ya existen en el ordenamiento español y solo hace falta ponerlos en marcha”. Se refiere en concreto a la declaración del estado de alarma, que permitiría restringir derechos fundamentales y libertades.
Con una “declaración del estado de alarma singularizada a su territorio”, se podría limitar en Madrid la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas a cumplir ciertos requisitos, apunta.
El magistrado asume que los derechos fundamentales no son ilimitados y que pueden “modularse” cumpliendo los requisitos legales, pero insiste en que no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es esta orden.
El pasado viernes, cuando las comunidades consensuaron las nuevas restricciones, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló que su cumplimiento “no es optativo” ni requiere de ratificación judicial, como sí han necesitado otras decisiones “quirúrgicas” que se han ido tomando, como los confinamientos parciales.
Las acciones coordinadas son una figura ex novo contempladas en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia, aprobado por el Gobierno y las comunidades a mediados de julio, diseñada para frenar la expansión del virus cuando las adoptadas por las comunidades no son suficientes. De no funcionar, el siguiente escenario contemplado es el estado de alarma.
La Comunidad de Madrid ha pedido aclaraciones al auto del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid. Así lo indicó el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que mostró su “pleno respeto” pero también su “contrariedad y plena disconformidad” por la medida judicial, que recurrirán. Así, el Gobierno regional ha pedido urgentemente al magistrado que concrete a qué medidas se refiere la no ratificación y su motivación.
El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, recomendó ayer que en las zonas de la región con más casos de coronavirus “se intenten evitar viajes innecesarios” y se opte por “quedarse en casa”, pero descartó los confinamientos selectivos.
Tras visitar el dispositivo para la realización de test a vecinos de Alcobendas, insistió en que se deben “evitar reuniones innecesarias” y señaló que es “absolutamente recomendable” que no haya más de diez personas en las viviendas.
Desconfianza en la vacuna. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, apuntó ayer que “no hay ninguna garantía” de que vaya a existir en algún momento la vacuna del COVID-19, y que, en caso de que sí termine desarrollándose, “no va a poner fin a la pandemia por sí sola”.
28.838
Sanidad sumó ayer otros tres decesos al cómputo global, que es de 28.838; de ellos, 125 han ocurrido en la última semana. Madrid y Aragón concentran dos tercios de las defunciones con 42 y 40, respectivamente.
4.703
Actualmente, hay repartidos en 313 centros un total de 4.703 enfermos de COVID frente a los 4.636 que había el jueves, con lo que el porcentaje de camas ocupadas es del 4,4%. Madrid y Catalunya aglutinan casi la mitad, con 1.297 y 911, respectivamente.
