La Diputación Foral de Gipuzkoa mantendrá el cobro del peaje a los transportistas que utilizan las carreteras del territorio mientras no haya sentencia firme que anule los arcos que están activos en las vías N-I y A-15. Este martes, Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha hecho público que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nula la segunda norma foral que las Juntas aprobaron para regular esta materia y que la Diputación ya ha decidido recurrir.
Esta norma foral, que no tuvo impedimentos de la Comisión Europea en la fase de elaboración, fue aprobada a finales de 2018 con los votos del PNV y el PSE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos y el único voto en contra del PP, después de que sectores de transportistas recurrieron la primera, que entró en vigor en enero de ese mismo año. Mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre esta cuestión, la Diputación mantiene el cobro de los vehículos pesados que circulan por el territorio guipuzcoano, circunstancia que tampoco variará tras la decisión del Superior vasco, que fuentes forales explican no recoge medidas cautelares.
En la sentencia, firmada por los magistrados Luis Ángel Garrido (presidente del tribunal y ponente), Luis Javier Murgoitio y Juan Alberto Fernández, se recoge buena parte de los fundamentos que ha se señalaron en el fallo de la misma instancia judicial que anuló la primera norma foral de peajes. "Solo recoge retoques que no alteran la esencia de la decisión tomada con la Norma Foral 7/2016, como pudiera ser el cobro por todo el recorrido radial o la liberación del mismo", aseguran los jueces sobre la nueva legislación.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo reconocen que no existe discriminación directa, pero sí aprecian que la hay indirecta, "que consiste en la situación de desventaja que se genera a un colectivo con la aplicación de una norma que en apariencia es neutra".
Según recoge el fallo, al que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA, "este es el supuesto de autos, por cuanto con la tramificación y la ubicación de los puntos de cobro aprobados por la Norma Foral, que sujeta a peaje con carácter principal las entradas y salidas del Territorio Histórico, es llano que el colectivo afectado es en su gran mayoría el procedente de fuera de Gipuzkoa que es el que generalmente atraviesa los tres tramos". De esta manera, el tribunal repite uno de los principales argumentos de la sentencia anterior, al entender que la segunda norma foral no varía de manera sustancial el fondo del asunto.
El Departamento de Infraestructuras Viarias que lidera Aintzane Oiarbide dispondrá ahora de 60 días para interponer un recurso de casación ante el Supremo respecto al fallo conocido este martes, sobre una norma foral que introdujo varias modificaciones sobre el texto inicial. Pese a presentar un recurso ante el Supremo, la Diputación propuso estos cambios en la norma foral en la línea de lo que ya había fallado el TSJPV en el primer proceso judicial, aún pendiente de resolución.
El 40% de los camiones, guipuzcoanos
La propia Oiarbide considera, en contra de lo que repite este segundo fallo conocido este martes, que no se trata de un cobro "discriminatorio", ya que cerca del 40% de los 12.000 camiones que a diario circulan por Gipuzkoa son locales y por lo tanto no es un cobro solo pensado en los foráneos, como se esgrime.
No lo entiende así Fenadismer, que considera en la nota hecha pública hoy que la Diputación ha pretendido "camuflar el carácter discriminatorio de la anterior regulación declarada nula, limitándose a establecer dos nuevos pórticos de control del pago del peaje", en Astigarraga y Andoain.
"El sector del transporte por carretera ya contribuye sobradamente a las arcas públicas guipuzcoanas vía impuesto de hidrocarburos", denuncia Fenadismer, que asegura que se suministra "casi un 400%" más de Gasóleo A que en "otras provincias españolas con una flota de transporte similar a la guipuzcoana, debido a su posición geográfica privilegiada, lo que supone recaudar anualmente por el impuesto sobre los carburantes en torno a 400 millones de euros". Una cifra que, asegura Fenadismer, "es 10 veces más que el presupuesto destinado por la Diputación foral al mantenimiento de sus carreteras".
