Si ayer, en medio de la polémica a cuenta de la desescalada que plantea el Gobierno de España para este verano, la vicelehendakari y secretaria general del PSE Idoia Mendia, pareció alinearse con Iñigo UkulluIñigo Ukullu, esta mañana, Eneko Andueza, líder de los socialistas guipuzcoanos y portavoz parlamentario, lo ha hecho con el ejecutivo español y su afirmación de que el citado plan anticovid es de obligado cumplimiento. Según, Andueza, “no habrá otro remedio que acatarlo en Euskadi”.
Andueza ha advertido este viernes, en una comparecencia para analizar la mitad de la legislatura política en Gipuzkoa, de que el acuerdo adoptado por el Consejo Interterritorial de Salud es de "obligado cumplimiento, tal y como establece el marco jurídico en el que nos encontramos”.
Pese a que su afirmación se distancia de la posición del lehendakari y consciente de que su partido forma parte del ejecutivo vasco, trató de quitar hierro a la polémica, enmarcando su opinión en la solidez del Gobierno vasco pese a que las opiniones de sus socios no tienen porqué ser “uniformes”. Aunque ha remarcado que no hay un enfrentamiento entre los socios es “saludable” que haya “opiniones plurales” en el equipo.
En su intervención ha querido poner en valor las decisiones que hasta ahora ha adoptado el Gobierno de España. “Siempre” se han tomado “con responsabilidad y con lealtad” a todas las comunidades autónomas. Además, ha remarcado que el tiempo ha demostrado que han sido eficaces para combatir la pandemia del coronavirus.
A su juicio, el Gobierno de España quiere “consensuar y uniformizar” las decisiones que adopta buscando la “coherencia”, pero ha dicho que también entiende la postura de las Comunidades Autónomas que quieren más autonomía. Por eso, ha hecho un llamamiento a llegar a un acuerdo y “a superar esta situación de desencuentro desde el diálogo”.
Andueza está convencido de que Urkullu, no acudirá a los tribunales porque “no está en la forma de proceder” del lehendakari, pero, además porque ante todo debe prevalecer “la lealtad entre las instituciones”.
Sin embargo, no duda de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular sí judicializarán esta cuestión porque hay un “intento de utilización”, una forma de “sacar ruido” e ir contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero también porque ante los problemas judiciales al que se enfrenta el PP este “desencuentro” es una cortina de humo, “un trampantojo”, para distraer la atención sobre sus casos judiciales abiertos que son “muy graves” y la imputación de exaltos dirigentes populares.
