- Fueron diez años muy difíciles, en los que grupos de extrema derecha cometieron al menos 26 atentados en Navarra o a navarros fuera de territorio foral. Desde los asesinatos terroristas de Montejurra, al de Ángel Gurmindo en Hendaia, la desaparición del pamplonés José Miguel Etxeberria, Naparra, al ametrallamiento de librerías, ataque a sedes de partidos políticos, sindicatos y establecimientos de hostelería, incluida la peña Alegría en aquellos Sanfermines de 1978 de infausto recuerdo. En total tres personas resultaron asesinadas, una persona desaparecida, y 21 acciones provocaron daños materiales, aunque estas últimas pudieron ser más, porque el estudio presentado es una primera aproximación con la idea de poder ser en el futuro más exhaustivo y determinados hechos no denunciados en aquellos momentos, tengan un reconocimiento oficial.
La consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Ollo acompañada del director de Paz y Convivencia Martín Zabalza, presentó este informe que la Dirección General Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra encargó al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre la situación de las víctimas de grupos de extrema derecha en la Comunidad foral, durante la Transición.
Un objetivo nuclear de este trabajo está dirigido a profundizar en el derecho a la verdad de lo que ocurrió. También a "potenciar el valor de la memoria", con la finalidad de contribuir a la clarificación del pasado y a la construcción de la memoria, individual como colectiva. En palabras de Ana Ollo, se trata de "avanzar en el derecho que a la verdad tienen las víctimas y contribuir al derecho de reparación". El informe se ha realizado desde la perspectiva de defensa de los derechos humanos, con una mirada de memoria crítica con ese pasado violento. "Pero sobre todo con esa mirada a las víctimas y a la necesidad de amparar su derecho a la verdad".
El estudio se realizó con una docena víctimas de acciones terroristas de grupos de extrema derecha en Navarra y con víctimas navarras que sufrieron las acciones terroristas fuera de Navarra. Se ha intentado dar voz, reconstruir los hechos a través de sus vivencias y testimonios y conocer las dificultades o vicisitudes para obtener el reconocimiento legal, principalmente, por parte de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, por ser la unidad administrativa encargada de la asistencia y reparación a este colectivo.
El informe menciona la relación de grupos y bandas de extrema derecha que actuaban ya desde los últimos años del régimen: Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), ATE (Anti-Terrorismo ETA), Batallón Vasco Español o Acción Nacional. La investigación también constata que las acciones violentas "en muchos casos eran apoyadas o encubiertas por sectores del aparato del Estado. Algunos funcionarios eran contrarios, por convencimiento ideológico, al establecimiento de un sistema político democrático.
"Estamos ante un grupo de personas que, en gran medida, no han tenido un reconocimiento administrativo ni judicial como víctimas del terrorismo", se afirma asimismo en el Informe. "Algunas mostraron recelo y reticencias para participar en la investigación; otras han declinado la invitación a colaborar". Se constata que "aún se percibe cierto temor a ofrecer su testimonio al quedar sin esclarecer la autoría o complicidad de los atentados donde resultaron dañados", se afirma también. Un "déficit en el derecho a la justicia" que ahora se recuerda desde el Ejecutivo. "Es una lista abierta", porque pudo haber acciones no denunciadas en su momento, y está abierto a incorporaciones posteriores, pero sí se considera un resultado representativo de los atentados de extrema derecha en Navarra.
