Moncloa tiene vía libre para conceder indultos en el procés

En esa línea, la Fiscalía del Tribunal Supremo dio el primer aviso el pasado mes de diciembre, al emitir un informe desfavorable a indultar a los presos del 1-O en el que, más allá de las razones jurídicas, argumentaba que la motivación del Ejecutivo español estaba condicionada por “conveniencia política”. Asimismo, los fiscales, en el documento que remitieron a la Sala Segunda del alto tribunal, consideran que el Gobierno de Sánchez no puede conceder la medida de gracia si se debe a contraprestaciones de carácter político.

Ahora, corresponde a la Sala del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena -y que condenó a los dirigentes soberanistas por sedición en octubre de 2019- emitir el informe definitivo que, salvo sorpresas, se espera que sea también contrario a la concesión de los indultos.

Una vez conocido el informe previo de la Fiscalía del Supremo, en Moncloa han optado por contraatacar e ir allanando el terreno para una tramitación de los indultos que, en caso de que finalmente sea favorable, no contará seguramente con el visto bueno de la Justicia. A este respecto, señalan que la concesión de la medida es potestad exclusiva del Ejecutivo que, aunque debe consultar a los órganos jurídicos pertinentes, puede tomar la decisión independientemente de lo que digan los informes.

En los últimos días, numerosas voces del Consejo de Ministros se han pronunciado sobre la posibilidad de los indultos y, atendiendo al argumentario, la hipótesis de que Pedro Sánchez dé luz verde a la medida gana enteros. El propio presidente del Gobierno ha considerado que podrían servir para “pasar página” del conflicto catalán, y en términos similares se han pronunciado los ministros más cercanos a Sánchez, como José Luis Ábalos, Carmen Calvo o María Jesús Montero.

El aval a la medida de gracia de la parte de Unidas Podemos en el Gobierno se da por descontado, ya que los morados vienen defendiendo desde hace meses esta opción para rebajar la confrontación en Catalunya. Sobre si jurídicamente es viable, expertos consultados por este diario coinciden en que el Ejecutivo español tiene la potestad de concederlos de manera arbitraria, siempre que justifique a fondo y de manera individual cada indulto, para lo que puede alegar motivos de justicia, equidad o conveniencia pública, las tres causas recogidas en la ley.

Según explica el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU Alberto López Basaguren, los indultos en España se rigen por una ley del siglo XIX -data, en concreto, de 1870- que fue reformada de forma importante en 1998. “Ahí se intentó poner determinadas limitaciones a la discrecionalidad absoluta del Gobierno”, apunta, como impedir los indultos totales si la sala sentenciadora se pronuncia en contra.

En los indultos parciales, en cambio, los límites son procedimentales -relativos a si hay solicitud o no de indulto, si se han realizado los informes que la ley exige, etc.- y el Supremo ya ha dejado claro en diversas sentencias que la decisión final sigue estando en manos del Ejecutivo, siempre que argumente las “razones suficientes” de justicia, equidad o conveniencia política. El único resquicio para recurrir una medida de gracia del Gobierno, añade López Basaguren, es “que no haya correspondencia entre lo que aparece en los informes preceptivos y esas razones suficientes” que debe aportar el Consejo de Ministros de manera individualizada.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo Joaquín Giménez ve todavía más claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene vía libre para tomar la decisión que considere oportuna sobre los indultos, independientemente de los informes de la Justicia. Explica que, en el caso de los presos del procés, “estaríamos ante un indulto parcial”, ya que “han cumplido ya alrededor de tres años de prisión y el indulto será en la parte que quede por cumplir”. Por tanto, el Gobierno es quien decide y puede haberlo contra la opinión del Ministerio fiscal y del tribunal sentenciador.

En cualquier caso, Giménez resalta la importancia de la argumentación “fundada” y “motivada” que tiene que dar el Gobierno si decide conceder el indulto a los dirigentes soberanistas. Respecto al informe ya conocido de la Fiscalía, el antiguo magistrado del Supremo expresa sus reticencias: “A mí me choca el argumento del fiscal de que por razones políticas no se pueden dar indultos. La ley habla de utilidad pública, y el concepto de utilidad pública quien lo tiene que valorar en su caso, a la hora decisiva, es el Gobierno, porque es el que lo concede”.

Alberto López Basaguren insiste también en la importancia de que Moncloa cumpla con los procedimientos y recuerda que el indulto se concede de manera individual y no colectiva. “Creo que el Gobierno, si quiere salir bien de esta jurídicamente, va a tener que hacer un informe muy bien fundamentado, sobre todo en esas razones de justicia, equidad y conveniencia pública”, detalla el catedrático, que añade que “va a tener que motivar muy bien” cada uno de los casos personales. “Porque, si no lo hace y se ve que es una concesión de grupo, ahí podría haber problemas por parte del Supremo”.

Respecto a la manera de argumentarlo que pueda elegir el Ejecutivo de coalición, Joaquín Giménez cree que la vía adecuada sería esgrimir conveniencia pública, una de las tres motivaciones recogidas en la norma que regula la medida de gracia: “Cuando la ley habla de utilidad pública, facilitar la convivencia en Catalunya es un dato muy relevante en ese sentido”. En su opinión, un indulto sería además muy procedente en este caso, “porque la pena es absolutamente excesiva” y debe ser corregida. “No se trata de banalizar lo ocurrido en el procés, pero es cierto que ya llevan cumplidos unos años de cárcel. Es un tema de ponderar”, concluye.

“El Gobierno va a tener que fundamentar muy bien su informe y motivar cada caso individual”

Catedrático de Derecho de la UPV/EHU

“Procedería la concesión de un indulto porque la pena es absolutamente desproporcionada”

Magistrado emérito del Supremo