- El desencuentro que la dirección de Eusko Alkartasuna (EA) mantiene con el denominado sector crítico no ofrece espacio alguno para el entendimiento. Más bien al contrario, la crisis se ha convertido en una especie de diálogo de sordos entre dos facciones que ya ni se escuchan.

De hecho, tres días después de que los coordinadores locales que tiene este partido en Donostia, Iruñea, Bilbao y Gasteiz registraran las firmas de 580 afiliados que reclaman la convocatoria de un congreso extraordinario, la ejecutiva nacional de EA hizo pública la carta que ha enviado a los afiliados. Es un escrito que ni da respuesta a esta iniciativa -pese a tener el respaldo de un elevado número de militantes- ni tan siquiera la menciona. El texto se centra en exponer de forma “directa y aséptica” un resumen del proceso judicial abierto en octubre del año pasado, cuando Mikel Goenaga, Miren Aranoa, Iratxe López de Aberasturi y Maiorga Ramirez demandaron a EA.

La dirección, que en esta carta trata de desacreditar a sus opositores, recuerda que los críticos pretendían que se declararan “nulos todos y cada uno de los actos que hubiesen contradicho las decisiones de la comisión de garantías, en especial la negativa a facilitar a todos los miembros de la ejecutiva nacional el acceso a los ficheros de afiliación, así como la nulidad radical del proceso de primarias para la elección de nueva Secretaría General”.

Añade la ejecutiva de EA que como la denuncia fue admitida a trámite y se accedió a la petición de medidas cautelares, se acordó la suspensión de la proclamación de la secretaria general de EA hasta la resolución del pleito principal.

EA incide en que el 18 de noviembre de 2019 la Asamblea Nacional eligió a Eba Blanco secretaria general en funciones y alude a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vitoria-Gasteiz, emitida el 14 de julio de este año, que desestima la demanda de los críticos.

La dirección del partido reconoce que la resolución no es firme porque ha sido recurrida por la parte demandante. No obstante, subraya que, en relación al acceso a la base de datos de la militancia -que ha sido el principal caballo de batalla de este conflicto-, el juzgado constata que “el precandidato Maiorga Ramirez, no siendo miembro de la ejecutiva nacional, ni de la secretaría de Organización, Finanzas y Acción Electoral, carece de derecho a acceder a la base de datos de la afiliación”. Asimismo, la sentencia proclama que tampoco “los coordinadores territoriales estarían amparados a acceder a la misma para facilitar los datos que allí figuren al precandidato que quieran apoyar”.

Además, el fallo dice que las conclusiones de la comisión de garantías, que avalaban los postulados del sector crítico, “resultan contrarias a la normativa de protección de datos personales”.

Apenas dos horas y media después de que la dirección hiciera pública la mencionada nota, los coordinadores del partido de las cuatro capitales vascas emitieron otro comunicado que ignoraba el de la ejecutiva, a la que le mostraban su disposición a “acodar las bases democráticas necesarias para un congreso nacional extraordinario, limpio y transparente”.

La coordinadora de Pamplona, Esther Korres, explicó que el lunes pidieron una reunión a la ejecutiva para preparar dicho congreso. Korres expone que EH Bildu va a celebrar en junio su propio congreso y por ello cree “necesario” que EA defina previamente su encaje en esta coalición y que “la decisión de la afiliación sea en esta ocasión respetada”.