- Cuando el portavoz jeltzale Joseba Egibar cruce hoy las puertas del registro del Parlamento Vasco para presentar la candidatura de Iñigo Urkullu a la sesión de investidura del jueves, lo hará con la tranquilidad de saber que el aspirante a la reelección como lehendakari tiene los apoyos del PSE asegurados y un horizonte de estabilidad política por la mayoría absoluta que suman ambos partidos. Ayer se confirmó que PNV y PSE han alcanzado un principio de acuerdo sobre el programa para volver a gobernar en coalición. Se publicó un resumen genérico de cinco páginas a la espera de que sea ratificado por las bases de las dos formaciones, pero ya anticipa que la práctica totalidad de su acción se centrará en combatir los efectos del coronavirus, con la recuperación del empleo como prioridad, la defensa de lo público y de más autogobierno, y la intención de implicar a otros agentes institucionales y sociales más allá de su mayoría absoluta.

Se refuerzan los mensajes lanzados en campaña por PNV y PSE. Se ve la impronta de Urkullu en la apuesta por volver a situar el paro en cotas previas a la pandemia, por debajo del 10%; y el endeudamiento como principal vía para movilizar recursos públicos, junto con los fondos que van a llegar desde Europa y el Estado. Se cita la revisión de la fiscalidad, pero fijando como límite la situación crítica en la que han quedado las empresas, lo que enfría una subida de impuestos y deja ver que no es la fuente a la que fían la obtención de recursos. Ya en campaña, Urkullu dijo que tratar de exprimir a las empresas en crisis sería “el chocolate del loro”. También rechazó los recortes sociales y planteó la deuda como tercera vía.

Como declaración de intenciones, defienden una gestión compartida con otros agentes a pesar de desbordar la mayoría absoluta con 41 escaños. Tratarán de reflotar la Mesa de Diálogo Social con patronal y sindicatos, y la convocarán antes de aprobar su estrategia de empleo y recuperación frente a la pandemia para contrastarla con ellos, aunque se prevé complicado por el desmarque de ELA y LAB. Este epígrafe enlaza con la apuesta por los grandes consensos que hizo pública el PNV en la noche electoral, y con la apuesta socialista por una gestión compartida con la que Idoia Mendia, incluso, trató de marcar cierto perfil antes de las elecciones en consonancia con los pactos de reconstrucción de Sánchez. Se desactivan de alguna manera las críticas de autoritarismo vertidas por EH Bildu y se busca la paz social. Con el objetivo de proteger a los vulnerables, reiteran su apuesta por reformar la renta de garantía de ingresos. En realidad, en esta votación tienen el camino expedito con su mayoría absoluta, a diferencia del bloqueo de la anterior legislatura.

Bajo el título Bases para el acuerdo entre EAJ-PNV y PSE-EE para la reactivación económica y el empleo desde la defensa de los servicios públicos y las políticas sociales, sobre la base de más y mejor autogobierno, plantean tres “premisas compartidas”. La primera es garantizar la salud de toda la ciudadanía vasca (apuestan por actualizar las normas y reforzar la atención a las personas mayores “con independencia de que estas residan en su domicilio o en residencias”). En segundo lugar, abogan por reactivar la economía y el empleo para recuperar los niveles previos a la pandemia, adaptándose a los nuevos retos y necesidades (situar el paro por debajo del 10%, trabajar “estrechamente” con el Gobierno español para gestionar los fondos europeos y redactar una lista consensuada de proyectos, e impulsar el diálogo social). En tercer lugar, defienden no dejar a nadie atrás en ninguno de los parámetros que definen a una sociedad cohesionada “como mejor inversión de país”, y en ese capítulo citan la reforma de la RGI, la mejora de la educación de acuerdo con la comunidad implicada, extender el derecho a la vivienda y la defensa “inequívoca” de la igualdad entre hombres y mujeres.

En ese punto se incluye la fiscalidad. Puede parecer que es una aportación del PSE, pero fuentes socialistas consultadas por este periódico aclaran que también han defendido “el endeudamiento como medida para garantizar un determinado nivel de recursos para contar con servicios públicos de calidad, que a su vez son garantía de igualdad”. “Lo hemos defendido ahora en campaña para responder a la situación de la COVID, pero también hace diez años, cuando el gobierno de Patxi López tuvo que endeudarse para responder a las consecuencias de la crisis financiera”, explican. En el acuerdo, se aboga por “avanzar en una fiscalidad más progresiva y equitativa, que debía revisarse este año 2020”. Toca hacerlo y, en consencuencia, los firmantes se comprometen a abordarlo, pero aclaran que “esta revisión debe tener en cuenta la nueva realidad económica surgida tras la crisis del COVID-19, la posible evolución en materia de empleo, las capacidades y competitividad de nuestras empresas, así como las aportaciones extraordinarias que están previstas por el Gobierno de España y, en la proporción que nos corresponda, de la Unión Europea”. Además, el Gobierno Vasco no tiene la competencia sobre los impuestos, sino las Juntas Generales. En cualquier caso, se comprometen con una reflexión “orientada a una mayor progresividad”, además de tener en cuenta los criterios medioambientales.

No obstante, el documento deja claro que PNV y PSE coinciden en que, para garantizar los recursos, es necesaria la deuda, además de lo que se pueda arañar de las duplicidades, recibiendo inyecciones de los planes europeos, y luchando contra el fraude y la elusión fiscal. Plantean “una política rigurosa de endeudamiento”. El acuerdo no destaca por su concreción en cifras o inversiones (no se citan), porque es un texto de bases que avanza intenciones generales. Primero debe ser ratificado por la Asamblea Nacional del PNV el lunes a las 19.00 horas y por la militancia del PSE en una consulta entre el domingo y el lunes. La concreción podría llegar el martes. También se esperan fondos que llegarán desde Europa (Urkullu envió una lista de 50 proyectos a Sánchez pero se va a actualizar por parte del nuevo Gobierno vasco de manera pactada) y el Estado, y el límite de deuda y déficit para 2021 que va a condicionar los Presupuestos y tendrá que afinarse con el Estado en la Comisión Mixta.

PNV y PSE apuestan por “implicar” al conjunto de agentes e instituciones a pesar de su mayoría transversal y cualificada, y plantean cuatro ejes en sintonía con las Naciones Unidas, otro de los empeños de Urkullu: prosperidad, personas, planeta; y convivencia, autogobierno y derechos humanos, donde apuestan por el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y “un nuevo pacto estatutario para una nueva generación”. No se dice más, pero ha quedado como discrepancia pactada y vuelven a darse libertad de voto en el nuevo estatus.

Ejecutivas. La Ejecutiva del PNV ratificó ayer el principio de acuerdo alcanzado con los socialistas. La Comisión Ejecutiva del PSE también decidió poner en marcha el proceso de consulta a su militancia. En el caso del PNV, su Asamblea Nacional dará el visto bueno al pacto el lunes. Han alcanzado un principio de acuerdo bajo el título ‘Bases para el acuerdo entre EAJ-PNV y PSE-EE para la reactivación económica y el empleo desde la defensa de los servicios públicos y las políticas sociales, sobre la base de más y mejor autogobierno’.

Coronavirus. El resumen de cinco páginas dice que “la experiencia de trabajo conjunto en la pasada legislatura debe servir como base para centrar la acción del Gobierno vasco, siendo objetivo clave la implementación y refuerzo del sistema público de salud, así como la reconstrucción social y económica de Euskadi, que permita preparar a la sociedad vasca para todos los desafíos emergentes que la pandemia no ha hecho más que acelerar (envejecimiento, transición ecológica, digitalización…)”. Abogan por un Estado de Bienestar fortalecido que reduzca las desigualdades. Reconocen la “inmensa labor” de la sociedad y esperan estar “a la altura de lo que espera”.

Ejes. Se alinean con la agenda 2030 de las Naciones Unidas con tres premisas: “garantizar la salud” (actualización de los instrumentos normativos, y conectar la atención social y sanitaria a personas mayores, con independencia de que residan en su domicilio o en residencias), “reactivar la economía y el empleo” (lucha contra la precariedad, paro por debajo del 10%, apuesta por la Mesa de Diálogo Social, y colaboración con el Estado para gestionar los fondos europeos); y “no dejar a nadie atrás” (reforma de la RGI, diálogo con la comunidad educativa; y revisión de la fiscalidad, pero teniendo en cuenta la situación de las empresas tras el virus, los fondos que llegarán de Europa o la vía de la deuda). “Conscientes de la mayoría transversal y cualificada” que tienen, abogan por el diálogo. Señalan los ejes de la prosperidad, las personas, el planeta (neutralidad de las emisiones de gases invernadero en 2050) y convivencia, autogobierno y derechos humanos. Pedir que se cumpla el Estatuto. Nuevo pacto estatutario para la nueva generación.