- La reciente filtración de horas de conversaciones grabadas entre la aristócrata Corinna Larsen y el excomisario Villarejo, con los supuestos negocios opacos del rey emérito Juan Carlos I como tema principal, ha pasado de las palabras al terreno de los hechos con la imputación de ambos por la Audiencia Nacional. Villarejo y Corinna han sido llamados a declarar los días 7 y 8 de septiembre, respectivamente, en el marco de la pieza Carol de la macrocausa Tándem, que fue archivada provisionalmente el 7 de septiembre de 2018 porque las informaciones sobre el emérito que arrojaban las grabaciones se referían a hechos anteriores a su abdicación en junio de 2014, cuando era inviolable. Tras investigaciones posteriores, el juez Manuel García Castellón decidió ayer reabrirla para esclarecer si Corinna llegó a realizar un encargo a Villarejo sobre su asistente en España, lo que podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo. Sin embargo, en su auto añade que investigará estos hechos "sin perjuicio de que ello pueda llevar a otros tipos de infracciones".

También han sido imputados el que fuera socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, porque en su casa se encontraron los primeros audios del caso, y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, que fue quien supuestamente propició el encuentro del comisario y la empresaria. En una de las conversaciones grabadas, Corinna expone sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada. Villarejo, tras recomendarle chequear sus llamadas y mensajes para saber con quién hablaba, le vendió sus servicios afirmando que tenía los mejores especialistas del mundo.

En ese sentido, el juez considera que debe averiguarse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó alguna cantidad de dinero por ello. En esa charla aluden a un tal Juan, que se cree que es Villalonga, al aparecer al principio de otras grabaciones, como la persona que puso en contacto a Corinna con Villarejo y quien, según el excomisario, le dijo que tenía que defender a Larsen "a muerte". La amiga íntima del rey emérito le dio todos los datos personales de la asistente que le pidió el excomisario, y este se comprometió a tener datos sobre ella en el plazo de un mes. Según el juez instructor, estas manifestaciones "justifican cuanto menos esclarecer si se llegó a materializar el encargo referido, en qué consistió y si se abonó cantidad o hubo ofrecimiento o promesa de compensación".

Tras conocerse la decisión del juez, los abogados de Corinna emitieron un comunicado en el que subrayaron que "jamás contrató o discutió contratar al señor Villarejo y, por lo tanto, jamás le pago cantidad alguna", y recordaron que "las autoridades han contado con el material relevante desde enero de 2019". "Nuestra cliente defenderá enérgicamente sus derechos contra estas imputaciones, las cuales carecen de fundamento alguno", aseguraron.

En los audios grabados por el expolicía, Corinna atribuía al monarca el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech. La empresaria aseguró que Juan Carlos I cobró por mediar en la construcción del AVE a La Meca, una obra de más de 7.000 millones de euros ejecutada por un consorcio español de 12 firmas. El hallazgo de estos audios dio pie a la apertura de una de las primeras piezas del caso Tándem sobre Villarejo, conocida como Carol -el nombre con el que el excomisario se refería a la aristócrata-, que está en el origen de la investigación sobre Juan Carlos que abrió en junio la Fiscalía del Tribunal Supremo. Pese al cierre de Carol, el entonces instructor del caso, Diego de Egea, envió a la Fiscalía la parte relativa al presunto cobro de comisiones por el AVE, y meses después, Anticorrupción abrió las diligencias que han derivado en la investigación al emérito.

Al pedir el archivo de la pieza Carol, la Fiscalía señaló que los indicios de la "eventual intervención" de Juan Carlos I en los hechos relatados por Corinna eran "extraordinariamente débiles, pues consisten en la mera referencia que hace una persona (Corinna)". No obstante, Anticorrupción creyó procedente indagar por su cuenta los pormenores de la adjudicación de la obra del AVE a La Meca en 2011. Mientras eso se producía, se conoció la investigación del fiscal suizo Yves Bertossa sobre una cuenta de una fundación panameña vinculada al padre de Felipe VI en la que le fueron ingresados 65 millones de euros que después transfirió a otra de Corinna.

"Villarejo ofreció de forma insistente sus servicios y Corinna dijo que podían hacer buen negocio"

Juez de la Audiencia Nacional