Donostia. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, justificó ayer el homenaje que la Guardia Civil tributó a la División Azul el pasado día 11 en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) asegurando que dicho acto tuvo lugar en "un ambiente de reconciliación histórica" y que eventos de este tipo "se vienen produciendo desde 2003". Fernández Díaz se pronunció en estos términos en respuesta al diputado de CiU en el Congreso Jordi Xuclá, quien le pidió su opinión sobre el controvertido homenaje. En el mismo, la delegada del Gobierno español en Catalunya, María de los Llanos de Luna, entregó un galardón a la Hermandad de Combatientes de la División Azul, lo que le ha valido peticiones de dimisión desde diversos partidos políticos, exigencia que ayer reiteró Xuclá.

En el Pleno del Congreso de ayer, el ministro del Interior se remitió a la nota que la Guardia Civil emitió en su momento sobre esta cuestión asegurando que "homenajes de estas características se vienen produciendo en Cataluña, de forma ininterrumpida, por parte de la Ponencia de Defensa de Cataluña desde el año 2003". Estas palabras tuvieron una rápida respuesta por parte del actual diputado del PSC y delegado del Gobierno en Catalunya entre 2004 y 2011, Joan Rangel, quien aseguró que no se hizo ningún homenaje a la División Azul mientras ocupó el cargo. En un comunicado, acusó a Fernández Díaz de "embadurnar" este caso y de "no asumir sus responsabilidades", calificando su forma de proceder de "lamentable y capciosa. Se ha vuelto a equivocar, lo que debería hacer es dar la cara y actuar en consecuencia".

Durante su intervención en la Cámara baja, el ministro del Interior recordó que, con motivo del aniversario de la fundación de la Guardia Civil, se realizaron en Sant Andreu de la Barca dos actos: la conmemoración estricta de esa efeméride y un homenaje al instituto armado por parte de las entidades Ponencia y Cultura de Defensa y la Federación de Asociaciones Civiles Militares de Catalunya. Subrayó que todas las asociaciones que asistieron al homenaje están "legal y debidamente inscritas en los organismos estatales o autonómicos correspondientes" y que las integran familiares de personas que pertenecieron a ambos bandos, "en un ambiente de reconciliación histórica" que, según Jorge Fernández Díaz, CiU no quiere entender.

Por su parte, Jordi Xuclà consideró que ese homenaje a la División Azul, los voluntarios españoles que sirvieron al Ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, produce un "daño a la imagen internacional del país". Se preguntó si un gobernante demócrata de hoy en Alemania, Francia o Gran Bretaña puede concebir un Gobierno entregando un galardón a una persona vestida con un uniforme del ejército nazi y denunció que "vivimos una insoportable banalización del nazismo y el Holocausto".

Alto desembolso En la misma sesión de control al Ejecutivo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, reconoció que el Gobierno español no ha retirado ni un solo vestigio franquista en lo que lleva de transcurrida la legislatura. Afirmó que ello no se debe a una falta de voluntad, sino por motivos de protección patrimonial o económicos, ya que retirarlos implicaba un "alto desembolso". El diputado Ricardo Sixto afeó al Ejecutivo que, desde que llegó a La Moncloa, no ha quitado ninguno de estos vestigios que quedan en edificios de la Administración General del Estado.

El ministro explicó que los símbolos que aún siguen pendientes de remover lo están por dos causas. La primera es por motivos de protección patrimonial, ya que requieren un "procedimiento administrativo de larga duración", que en muchos casos "ya está iniciado". También por la crisis, puesto que su retirada implica un "alto desembolso económico" que los ministerios abordarán "en el momento en que sea oportuno".