donostia - La del diálogo social vasco es una historia de pocas alegrías. La ausencia de ELA y LAB de la mesa de diálogo, que se considera el eje de los procesos de negociación entre administración, patronal y sindicatos, ha condicionado su funcionamiento y sus resultados han sido escasos. Entre los propósitos del Gobierno Vasco esta legislatura está cambiar esta dinámica, para lo que ha aprobado un decreto que convierte en permanente el foro tripartito y asegura convocatorias con regularidad. Como novedad, bastará el apoyo de un solo sindicato para validar una decisión, un elemento del decreto que ha sido muy criticado por ELA y LAB.
La ley para la “institucionalización” del diálogo social fue presentada ayer por la consejera de Trabajo, la socialista María Jesús San José, aunque la idea es que la mesa sirva de punto de encuentro para negociar con los agentes sociales todos los temas relativos al empleo, la industria y la formación.
La idea de crear un superórgano permanente que permita conectar estas materias procede de los acuerdos alcanzados en julio de 2017 y responde a la necesidad, refrendada por los sindicatos firmantes de aquellos acuerdos, CCOO y UGT, de que los cambios económicos y productivos son inevitables y obligan a empresas y trabajadores a tomar decisiones.
El decreto aprobado ayer en el consejo de Gobierno viene a rubricar esta demanda de la mesa, abriendo la puerta a la participación habitual de otras consejeras como Beatriz Artolazabal, de Empleo; Arantxa Tapia, de Desarrollo Económico; o Cristina Uriarte, de Educación. A mediados de febrero se constituirá el foro, que se reunirá un mínimo de dos veces al año y contará con diversos grupos de trabajo sectoriales, explicó San José.
“Euskadi cuenta con un instrumento jurídico que pone en valor el diálogo social en sí”, remarcó la consejera de Trabajo, que valoró el decreto como algo “histórico”. “El diálogo social es el mejor mecanismo para promover unas mejores condiciones de vida, de trabajo y de justicia social, desempeñando un papel crucial para promover la igualdad entre hombres y mujeres y conseguir un trabajo de calidad”, señala el decreto.
A continuación, el texto enumera a lo largo de diez artículos las funciones del órgano permanente, como favorecer la concertación de las políticas públicas en materia sociolaboral o que incidan en la negociación colectiva. Empresarios y sindicatos podrán valorar los planes estratégicos de Lakua, proponer cambios respecto a los temas que se trasladen a la mesa o, por iniciativa propia, introducir en el foro cualquier cuestión “vinculada con sus funciones”.
El Gobierno Vasco explicó que con carácter general los acuerdos se adoptarán por unanimidad, aunque se introduce una importante excepción. “Cuando una propuesta cuente con la conformidad del Gobierno y de la organización empresarial y con el voto favorable de alguna o algunas de las organizaciones sindicales, dicha propuesta podrá quedar documentada como una decisión final de la mesa”, señala el decreto. Es decir, bastaría con el apoyo de UGT, organización afín a uno de los dos partidos que integran el Ejecutivo, para dar por bueno un acuerdo.
CCOO ya abandonó el diálogo social en abril del año pasado, arrastrando a UGT, a raíz de la aprobación de un acuerdo bilateral entre Lakua y Confebask. La central que lidera Loli García suele mostrarse más crítica con el Gobierno Vasco, aunque la retirada del acuerdo con la patronal permitió reconducir la situación y se da por hecho que CCOO y UGT estarán en el arranque de las reuniones previsto para dentro de un mes. Ayer ambas centrales valoraron el paso de Lakua y celebraron que Euskadi regularice, como el resto de autonomías, un foro estable de diálogo social que no dependa de cada nuevo gobierno.
“neutraliza la democracia” No estarán en esa primera cita ELA y LAB, que ayer criticaron con dureza el decreto. Consideran que el texto sirve para “neutralizar la democracia sindical vasca”. “Es un ataque directo al marco vasco de relaciones laborales y protección social”, censuró ELA. Los dos sindicatos aber-tzales cuentan con el 60% de los delegados de la CAV y la tendencia apunta a que ampliarán ligeramente ese porcentaje en el periodo electoral que se cerrará en mayo.
