El alquiler turístico reclama una legislación adaptada al entorno rural

Cada vez son más los viajeros que, huyendo de la masificación de los destinos más habituales, eligen alojarse en localidades pequeñas para descubrir otra cara de España: más auténtica, más tranquila, más sostenible y más conectada con lo local. Una tendencia que no solo redefine la forma de viajar, sino que también ayuda a frenar la despoblación y genera nuevas oportunidades de desarrollo laboral y económico en los pueblos. Según un informe publicado recientemente por Afi (Analistas Financieros Internacionales), 13 millones de personas eligieron alojarse en entornos rurales el pasado año. Generaron un gasto estimado de 5.560 millones de euros, de los cuales 3.200 fueron a parar directamente a restaurantes, tiendas, mercados y pequeños negocios locales. Su visita, además, impulsó un aumento del 4% del empleo en hostelería y comercio.

Un crecimiento del flujo de turistas que está directamente relacionado con la popularización de los alquileres de corta duración. Plataformas como Airbnb, pionera en este formato, hacen posible la llegada de viajeros a zonas que, hasta hace poco, quedaban fuera del mapa turístico, sobre todo por carecer de oferta hotelera tradicional. Según datos de la empresa, el ingreso típico de sus anfitriones en España fue de 5.200 euros en 2023, una ayuda clave para muchas economías familiares.

Este modelo permite, además, que la demanda se desestacionalize, haciendo del turismo un sector más estable para las comunidades locales. Atrae a más tipos de público, ya que es más flexible, personalizado y adaptable a distintos perfiles y necesidades. Y contribuye a diversificar la oferta turística, alejándola de los grandes núcleos urbanos y descongestionando los destinos más saturados. De hecho, en los últimos años, la plataforma ha detectado un incremento significativo de búsquedas en zonas rurales como la Ribeira Sacra, el Alt Empordà, la Sierra de Cádiz o el interior de la Comunidad Valenciana, según su último informe de tendencias.

Un marco legal propio

Con la intención de promover y facilitar una actividad que representa una nueva vía de desarrollo para los pueblos; asociaciones de municipios rurales, propietarios de alojamientos y otros actores del sector abogan por adaptar la legislación vigente. “Está diseñada para las ciudades y no contempla la realidad específica de los entornos rurales, lo que genera dificultades innecesarias”, asegura Jaime Rodríguez de Santiago, Director General para España de AirbnB Marketing Services.

El mismo estudio de Afi recoge una serie de propuestas de mejora: 

Una de las principales consiste en eximir a los pueblos del planeamiento urbanístico general, al considerarse que está pensado para realidades urbanas con problemas muy distintos, como la gentrificación. Resulta, en cambio, demasiado rígida en municipios con menos de 1.000 habitantes, donde el alquiler vacacional supone apenas el 0,6% del parque habitacional, una cifra que está lejos de ser una amenaza para la vivienda permanente. Por el contrario, representa una oportunidad para recuperar propiedades en desuso: segundas residencias, casas deshabitadas e incluso espacios con valor patrimonial que son restaurados y cobran una nueva vida gracias a ser reutilizados como alojamientos rurales.

Otra propuesta clave es facilitar el registro legal de alojamientos rurales, simplificando los trámites burocráticos que actualmente dificultan su puesta en marcha. Muchos pequeños propietarios, especialmente en zonas con baja densidad de población, se enfrentan a procesos administrativos complejos y costosos que terminan desincentivando su participación. Se solucionaría con una ventanilla única, procedimientos telemáticos y criterios específicos para el ámbito rural.

Además, se plantea la necesidad de priorizar este tipo de iniciativas en los programas públicos de ayudas, especialmente aquellos vinculados a la digitalización del entorno rural, la transición ecológica y la promoción del comercio de cercanía. Esto permitiría canalizar recursos hacia proyectos con alto impacto territorial como la rehabilitación energética de viviendas turísticas para potenciar su sostenibilidad, la formación en competencias digitales para anfitriones y otros pequeños empresarios del sector turístico, o el apoyo a actividades culturales y gastronómicas complementarias al alojamiento.

Modelo en expansión

Desde Airbnb aseguran que “estas reformas supondrían una mejora estructural en la forma en que se gestiona y promueve el turismo rural, permitiendo que más localidades puedan beneficiarse de un modelo que, aunque crece de forma sostenida desde la pandemia, tiene aún un enorme margen de desarrollo en las poblaciones rurales”. Y es que el informe de Afi determina que, la incorporación de una sola propiedad de alquiler vacacional en aquellas localidades que todavía no disponen de una podría atraer hasta 580.000 turistas adicionales al año, con un impacto potencial de 135 millones de euros en en el pueblo.