Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado un acuerdo para armonizar el registro de propiedades destinadas al alojamiento turístico de corta duración en plataformas como Airbnb en el conjunto de la Unión Europea, en un intento por reforzar la transparencia del sector y combatir la actividad ilegal.
Para ello, la nueva norma, que debe ser aún ratificada formalmente por los dos colegisladores comunitarios, prevé normas comunes para el registro e identificación de los "anfitriones" de cada alojamiento ofrecido y de las propias viviendas.
El objetivo es contar con un "conjunto único y sencillo" de reglas sobre la información de estos alojamientos y también de facilitar los procedimientos de registro, ha destacado la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, en el papel de presidencia rotatoria del Consejo de la UE que ejerce el Estado español este semestre.
La ponente de la Eurocámara para esta negociación, la holandesa de los Verdes Kim Van Sparrentak, ha advertido de que "las ciudades hacen frente a una explosión de alojamientos vacacionales ilegales", lo que daña la calidad de vida de quienes viven en ellas, por lo que una de las claves de la nueva norma será "devolver el control a las ciudades".
Hasta el momento las plataformas no estaban obligadas a proporcionar datos sobre la actividad de los alojamientos ofertados, lo que "hacía difícil aplicar las reglas locales" en cada caso.
Control y sanciones
Ahora se abre la puerta a que los Estados miembros impongan el registro de las propiedades en renta a través de un procedimiento online que las autoridades locales deberán ofrecer de manera "gratuita o a un coste proporcionado". Cumplido este proceso, los anfitriones recibirán un número de registro que les permitirá alquilar su propiedad por lo que las autoridades conocerán la identidad de quien ofrece el alquiler y podrá verificar la información.
Además, las plataformas digitales deberán asegurarse de que el número de registro de cada anfitrión permite a los usuarios identificar el bien en cuestión en el anuncio y que las informaciones que ofrecen sobre él son fiables y están completas. Las plataformas, además, deberán "esforzarse de manera razonable" en realizar controles aleatorios para comprobar los datos que le son trasladados.
Las autoridades podrán tomar medidas, por ejemplo suspendiendo un número de registro o pidiendo a las plataformas que retiren un anuncio ilegal e imponer sanciones a las plataformas o anfitriones incumplidores.
Finalmente, los países deberán contar con una ventanilla única digital para recibir los datos de las plataformas y la actividad de los anfitriones sobre una base mensual, si bien se ofrecerá un marco menos estricto a las pequeñas plataformas con menos de 4.250 anuncios.
