Vaciada de uno de sus ingredientes fundamentales (el de la búsqueda e identificación de los victimarios) a causa de la exoneración decretada por la Ley de Amnistía de 1977 y por el blindaje proporcionado por el Tribunal Supremo en 2012 con ocasión del intento de Garzón de investigar los crímenes del franquismo, la memoria histórica de los asesinados por los golpistas y por la dictadura, tal y como se gestiona a nivel estatal, autonómico y local, no pasa de ser un sucedáneo de lo que en puridad debería ser. Centrada en las víctimas de forma exclusiva, hay quienes pensamos que el olvido de los que motivaron su condición es un insulto a las mismas y que todos los esfuerzos en pro de ellas no dejan de ser incompletos, por sumamente importantes que sean, a causa de la forma en que se desarrollan, muy alejada de una perspectiva integral útil de cara a futuro. Las leyes de memoria, la última también, se olvidan de los responsables. No solo por la actitud de los políticos. La comunidad académica, salvo raras excepciones, renunció a ese ítem como objeto de investigación por diferentes razones. Una de ellas, la de no enfrentarse a posibles querellas por intromisión en el honor de las personas a las que se pudiera aludir, posibilidad cuyo marco temporal no finalizará nunca dado que las pueden suscribir descendientes de aquellas. Otro factor es el de no confrontar con el marco jurídico instaurado por la Ley de Amnistía y con el marco político de la Transición que inducía al olvido. Así, el investigador percibe que las ondas de la piedra en el plácido estanque pueden remover genealogías de personajes e instituciones asentadas, además de herir la autocomplacencia sobre la misma en que se ha instalado la inmensa mayoría de quienes forman el gremio de historiadores oficiales, lo que puede conllevar la marginación de los que se adentren en ese jardín. Obviamente todo ello arrastra al activismo memorialista, en cuanto que sometido a los condicionantes institucionales y académicos, si bien se detecta en algunas asociaciones poco esfuerzo por sustraerse a ellos y poca proactividad. La memoria sucedánea efectivamente instaurada por la normativa vigente y por las pautas asentadas de gestión institucional de la misma genera, sin embargo, diversos actos de teatralización engañosa, a menudo profusamente difundidos por los medios con un relato ad hoc, que persigue enmascarar su carácter objetivamente parcial. Un ejemplo reciente ha sido la exhumación de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. No hay dudas sobre la responsabilidad última del exhumado, como vértice superior que representaba en la pirámide de victimarios en relación con las decenas de miles de crímenes del territorio a su cargo. Ahora bien, recordando las preguntas del célebre poema de Brecht, uno tiene la impresión de que el tratamiento mediático otorgado al hecho ha buscado la finalidad de borrar del mapa mental de la ciudadanía la idea de que el mencionado general era la cúspide de una cadena de mando de la que también formaban parte el resto de los militares a sus órdenes, así como los líderes y militantes de los partidos (carlista, falangista, alfonsino, cedista) que colaboraron con la represión en sus diferentes escalas desde la base, formando la parte civil sumamente activa del golpismo. Ellos conformaban una densa retícula social que descendía hasta los pueblos, donde en la práctica se confeccionaban las listas de los elementos a eliminar, facilitadas luego a la policía, la Guardia Civil y los mandos castrenses y que servía de guía para la actuación de los escuadrones de la muerte. Similarmente a lo que acontece con Queipo de Llano en Andalucía, sucede con Mola en nuestra tierra. Su exhumación, junto con la de Sanjurjo, en 2016 del Monumento a los Caídos pamplonés pudo suponer una especie de exorcismo que aliviara la desazón interior de muchos políticos y ciudadanos navarros generada por la impunidad del franquismo, pero, incluso reconociendo su entidad como cerebro de la conspiración militar-civil y como victimario principal, tal y como dictan sus instrucciones reservadas, en relación con lo acaecido en las provincias a su cargo, ha de admitirse que muchos agentes más operaron por debajo de él y con una gran autonomía además. En el caso de nuestro territorio, que Mola abandonó a los pocos días, entre esos otros agentes cabe mencionar a los mandos militares que permanecieron en la guarnición pamplonesa, los miembros de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra y de sus Juntas de Merindad y de sus Juntas Locales; los miembros de las Jefaturas Provincial y de las Jefaturas Locales de Falange; las unidades de castigo carlistas y falangistas; y los sectores de la ciudadanía que contribuía con sus delaciones y con su asistencia a los espectáculos de humillación e incluso a los fusilamientos públicos, en este último caso, como señalan los testimonios pamploneses, en un clima de jolgorio.
