Pero nos engañan hasta en esto porque no son estas las preguntas más importantes, como trataré de argumentar en estas líneas.
Si alguien con capacidad de intervención en la estrategia fiscal nos preguntase si queremos pagar menos impuestos, naturalmente que le responderíamos que sí. Lo que pasa es que ese alguien debería cuestionar "la cosa" de otra manera si quiere ser honesto con los sufridos sujetos impositivos. Lo que debiera preguntarnos es si queremos mantener el estado del bienestar actual (mejor dicho, el estado de los derechos humanos del trabajo, sanidad, educación, pensiones, servicios públicos variados?) con nuestros impuestos. Y a continuación procedería preguntarnos si nos parece que la carga fiscal actual es equilibrada y justa. E incluso debería hacerse él estas preguntas y contestarse con honestidad, que para eso cobra del erario de todos. Porque la realidad en el Estado español es que el porcentaje de recaudación apenas llega al 37% del PIB (2012) cuando para ser sostenibles nuestros servicios públicos, deberíamos pagar en torno al 44%. En la UE-27 ha sido el 45,4% en 2012, y si los impuestos son más altos en la UE, es por algo.
Pero junto a esto, hay que preguntarse también por el equilibro de las cargas fiscales. Y aquí hay que poner el dedo sobre dos llagas: la primera llaga es el fraude fiscal enorme sobre todo entre quienes más tienen. La segunda llaga es la descompensación fiscal: en la época de Adolfo Suárez como presidente de gobierno, las personas con mayor poder adquisitivo pagaban más que ahora con Rajoy, y los que menos ingresos tenían, pagaban menos fiscalidad que ahora. Además, el IVA es un impuesto muy injusto si sobre él pivota la recaudación del Estado cuando existe un desequilibrio económico-social tan pronunciado como el actual. Es injusto sobre todo por la inequidad que supone hacer un rasero común al alza en la carga impositiva de los ciudadanos.
El fraude fiscal y su hermana melliza la corrupción, por una parte, y el desequilibrio fiscal a favor de quienes tienen más, por otra. Con mantener el foco encendido sobre ambas realidades, las cuentas cuadrarían los principales servicios públicos del estado del bienestar de los derechos humanos básicos. La lucha eficaz contra las corruptelas fiscales estructurales nos ayudaría a recomponer la eficiencia en el gasto público junto a una imposición acorde con los beneficios financieros en donde se recogen. De lo contrario, es cierto que no existen recursos suficientes para la sanidad, educación, servicios sociales y pensiones públicas, y menos si los queremos de calidad; pero si bajan los impuestos, todavía sería peor. Así las cosas, no creo que a una mayoría le plazca el modelito norteamericano de que el que quiera servicios básicos, que se los pague, y si no tienes dinero, pues qué pena penita pena.
Cuidado pues, con la mentirosa argumentación de que están dispuestos a bajarnos los impuestos para aliviarnos el fin de mes como zanahoria electoral. Sin otras medidas, la solución vendrá en realidad con el palo de las privatizaciones que pretenden desmantelar el estado de los derechos humanos básicos. En la Comunidad de Madrid hemos visto un ensayo del mal camino emprendido que además hubiese encarecido los servicios al haber de por medio un beneficio empresarial que ahora, en lo público, no existe. Y a todo esto, el papa Francisco hablando de inmoralidad y cosas peores aunque los que nos llevan al despeñadero ni se dan por aludidos; al contrario: algunos llegan a decir lo majo que es este Papa.
