Seis personas serán juzgadas esta semana en Donostia acusadas de coaccionar a un hombre para que renunciase a la custodia compartida de su hijo tras el proceso de ruptura de la relación de pareja que el varón mantenía con una de las procesadas.
La Fiscalía de Gipuzkoa reclama tres años de cárcel para esta mujer, a la que imputa un delito continuado de coacciones y otro contra la integridad moral con la agravante de parentesco.
Para los otros cinco encausados, un hombre y cuatro mujeres, la Fiscalía solicita penas que suman dos años y siete meses de prisión, y que no puedan aproximarse a la víctima ni comunicarse con ella durante cinco años.
Asimismo, demanda que todos los procesados le indemnicen conjunta y solidariamente con 30.000 euros.
Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, los hechos sucedieron a partir de noviembre de 2016 cuando, tras la ruptura de la pareja, todos los acusados habrían llevado a cabo “una acción organizada de desprestigio” en contra del varón, “presionándolo y hostigándolo para que aceptara las condiciones ofrecidas por su expareja” y renunciara a la guardia y custodia compartida del hijo que tenían en común.
Sin denuncias
El Ministerio Público explica que, en este contexto, la mujer habría comentado a dos personas que el perjudicado era “un maltratador, un drogadicto y un alcohólico”, a pesar de que no existe “ningún procedimiento penal” en su contra “por hechos de esta naturaleza”.
Además, esta mujer, según detalla la Fiscalía, “en ningún momento ha tenido la condición de víctima de la violencia de género” ni ha presentado denuncia alguna por este motivo en contra de su expareja.
En esta tesitura, en noviembre de 2016 la víctima, trabajador del Ayuntamiento de Zestoa, fue convocado a una reunión por este Consistorio en la que el único varón imputado, miembro de la corporación municipal, presuntamente le advirtió de que si no aceptaba las condiciones de su excompañera sentimental iba a ser arrinconado “durante dos décadas” en las que no iba a “levantar cabeza”.
Asimismo, a lo largo del año siguiente, se celebraron varias Juntas de Gobierno Local en la que este inculpado “participó de manera activa” y “se vertieron falsas acusaciones” contra la víctima, entre ellas la de “ser un maltratador”.
En paralelo, las otras cuatro acusadas presuntamente constituyeron un “grupo de presión” que se hacía llamar “escolta social” para acompañar a la expareja de la víctima durante las entregas y recogidas del hijo en común, aunque “su verdadera intención” presuntamente era “presionar mediante el insulto y la vejación” al damnificado “a fin de que cejara en su empeño de solicitar la custodia compartida”, detalla la Fiscalía.
Esas personas supuestamente también se dedicaron a “presentar escritos ante el Ayuntamiento de Zestoa” calificando a la víctima de “agresor”.
Grupo de presión
Así las cosas, durante la vista oral que tuvo lugar en los juzgados de Azpeitia sobre la custodia del niño, este “grupo de presión” convocó una concentración de apoyo a la excompañera de la víctima, y posteriormente organizó más actos de este tipo en Zestoa, uno de ellos el 22 de diciembre de 2018 a raíz de la denuncia por coacciones que terminó interponiendo la víctima.
Durante el proceso, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zestoa emitieron un informe sobre la custodia del menor que, según la Fiscalía, no fue “del agrado” de la madre, quien “junto al resto de acusados” presuntamente presionó para cambiar su contenido y externalizarlo con el fin de “derivarlo a otro Ayuntamiento”.
De esta manera, en la Comisión de Bienestar se acordó que la nueva técnico de Servicios Sociales emitiera un informe complementario para su remisión al juzgado, si bien esta profesional supuestamente “coaccionada y presionada” por los acusados alegó que éste “no era modo de trabajar”, terminó de baja laboral por ansiedad y dejó su puesto de trabajo “por decisión propia” poco después.
