El operario de una empresa colaboradora de Iberdrola, que comercializaba los servicios de esta compañía ante terceras personas, se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa, que le acusa de estafar a un empresario de Astigarraga en la contratación del suministro de la luz.
Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los hechos sucedieron en noviembre de 2020, cuando el procesado acudió a las instalaciones de la empresa del perjudicado "en calidad de representante de Iberdrola" y logró que contratara el servicio de suministro de electricidad.
Instalación gratuita
El texto detalla que la oferta aceptada por la víctima consistía en la instalación gratuita de dos baterías que le permitirían deshacerse de las dos "cámaras productoras de energía reactiva" de las que disponía hasta entonces y que "le estaban generando un gasto mensual".
La Fiscalía aclara que presuntamente el inculpado sabía que esta oferta no podría llevarse a cabo y que finalmente el perjudicado se vería obligado a pagar el importe de las dos baterías nuevas.
Transcurrido un tiempo, el encausado volvió a contactar con la víctima para explicarle que el importe de 814,4 euros que le había sido girado por la factura de abril de 2021 era excesivo, según la tarifa que había contratado, y le convenció para que la devolviera.
Al mes siguiente, el acusado volvió a repetir la misma actuación, esta vez con el importe de 740,07 euros correspondiente a la factura de mayo.
Casi 2.000 euros
En ambas ocasiones, el presunto estafador pidió a la víctima que en vez de ambas cantidades le abonara a él 724,21 y 700,07 euros respectivamente en otra cuenta.
Finalmente, a consecuencia de estos hechos, el perjudicado se vio obligado a pagar 1.931,97 euros por la instalación de las baterías a la empresa que llevó a cabo este trabajo, así como las dos facturas impagadas a la compañía Iberdrola.
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa agravada por el que, además de los cuatro años de prisión, pide para el inculpado una multa de 3.000 euros, y que compense a su víctima con 3.356,25 euros por las baterías instaladas y los perjuicios ocasionados, incrementados con los correspondientes intereses legales.
