El vicepresidente y tesorero de una asociación dedicada a la promoción de la televisión digital interactiva será juzgado este jueves en la Audiencia de Gipuzkoa acusado de apropiarse de más de 60.000 euros aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para impartir dos cursos formativos.
Tres años y medio
Este hombre se enfrenta a una petición de pena de tres años y medio de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida que le imputa la Fiscalía de Gipuzkoa.
Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan al año 2013, cuando el SEPE aprobó la solicitud de la asociación de la que era tesorero el acusado con el fin de implantar "acciones de formación profesional para el empleo con compromiso de contratación", dotada con una "subvención de 77.385 euros" para impartir cursos de formación.
38.692,5 euros
De esta manera, el 30 de octubre de aquel año, el encausado suscribió dos contratos de colaboración con otros tantos centros formativos "en el marco de un proyecto de inserción laboral en televisión interactiva", dotados con 38.692,5 euros cada uno.
El texto de la Fiscalía aclara que posteriormente, tras recibir en la cuenta corriente de la asociación el importe de ambos cursos por parte del SEPA, presuntamente "no procedió al abono de las facturas" giradas por los centros formativos, "salvo un pago de 10.000 euros realizado el 24 de diciembre de 2014" a una de estas dos entidades.
Otras entidades
Por el contrario, presuntamente transfirió el dinero a cuentas pertenecientes a otras entidades con las que el imputado "tenía relación" o "figuraba como administrador".
Ya en febrero de 2015, el procesado emitió dos "documentos de reconocimiento de deuda" en el que se comprometía a "realizar el pago de la totalidad de la deuda en dos plazos, a sabiendas de que no cumpliría lo pactado".
Burofax
Así las cosas, en mayo ambas entidades remitieron un burofax al presidente de la asociación, quien de "tomó conciencia" de lo sucedido "a través de estos escritos".
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida por el que, además de la citada pena de cárcel, reclama una multa de 2.160 euros para el acusado indemnice económicamente a los perjudicados con las cantidades defraudadas.
