Dos presuntos miembros de la banda que será juzgada en los próximos días en Donostia, acusada de obligar a prostituirse 24 horas al día a siete mujeres venezolanas en pisos de la capital donostiarra, han accedido a colaborar con la justicia a cambio de una rebaja de pena en sus respectivas peticiones de condena.
Así lo han confirmado a Efe fuentes del caso, después de que, en el trámite de cuestiones previas del juicio que se ha iniciado este jueves en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, el fiscal haya desvelado que existe la posibilidad de que dos de los siete procesados (cinco hombres y dos mujeres) "reconozcan los hechos y estén dispuestos a colaborar con la administración de justicia".
Por este motivo, el representante del Ministerio Público ha pedido que los dos inculpados colaboradores sean los primeros en declarar en la vista oral.
Uno de ellos está acusado de ser uno de los encargados de varios de los pisos en los que las mujeres presuntamente eran obligadas a ejercer la prostitución bajo sus "amenazas", mientras que el segundo es el encargado de un alojamiento rural de Burgos que habría facilitado a la banda "falsas reservas hoteleras".
Rebaja considerable de penas
Ante esta situación, una de las letradas defensoras del resto de acusados ha solicitado que finalmente todos ellos presten declaración al final del juicio y no al principio, como estaba previsto, teniendo en cuenta que estos dos hombres podrían lograr "una rebaja considerable de más de 60 años únicamente con hacer declaraciones contrarias al resto".
La letrada ha asegurado que de esta manera se podría "salvaguardar" mejor el derecho de defensa del resto, teniendo en cuenta que esos dos varones dispuestos a colaborar con la justicia "no tienen obligación de decir verdad" en su condición de testigos.
La totalidad de las defensas ha reclamado asimismo que se declaren nulas tanto la prórroga del secreto de sumario como la del auto que alargó la investigación, al entender que el juzgado de instrucción lo hizo cuando el plazo ya había caducado, algo que ha rechazado de plano el fiscal para quien los plazos se cumplieron "con precisión" al ser renovados de forma "sucesiva" en distintos autos.
Se trata de dos cuestiones de gran relevancia porque en caso de ser apreciadas por el tribunal podrían conllevar la anulación de todo lo actuado fuera plazo.
Nulidad de las actuaciones
Ente otras cuestiones previas al inicio formal del juicio, que tendrá lugar el próximo martes, las defensas han planteado también que se declare la nulidad de las actuaciones por no haber tenido acceso "a la totalidad" de ellas y por la posible rotura de la "cadena de custodia" en los "volcados" de algunos dispositivos móviles.
El Fiscal se ha opuesto a todas estas demandas y se ha mostrado contrario también a que a que se revele la identidad de varios testigos protegidos existentes en el caso.
Asimismo, ha rechazado que se incorporen a la causa varios vídeos y fotografías en las que se vería a las víctimas en un ambiente festivo que, según las defensas, podrían desacreditar que podían salir a la calle "sin vigilancia" ni "control", algo que, según el Ministerio Público, tampoco tendría por qué ser "incompatible" con su presunto sometimiento a los acusados.
Según su grado de implicación, la Fiscalía reclama penas que oscilan entre los 4 y los 158 años de cárcel para los acusados, de nacionalidades española y venezolana, entre los que se encuentra un piloto de dos aerolíneas regulares y el citado encargado de un alojamiento rural de Burgos.
Billetes de avión y reservas hoteleras
El piloto habría facilitado a la banda billetes de avión "a menor coste" a sabiendas de que eran empleados para el transporte de las víctimas, a las que se les ofrecían ofertas laborales "inexistentes", y el segundo presuntamente proporcionaba "falsas reservas hoteleras" para "generar la apariencia" de que la estancia de las perjudicadas en España tenía "fines turísticos".
Según la versión del Ministerio Público, los hechos sucedieron entre 2017 y 2019, período durante el que los inculpados presuntamente se dedicaron a la "captación e introducción" ilegal en España de estas mujeres venezolanas con el fin de explotarlas sexualmente y utilizarlas para el tráfico de drogas.
"La presión que ejercían los procesados sobre las mujeres; el control emocional; la dependencia generada; el hecho de ser extranjeras carentes de recursos económicos, la ausencia de apoyo de terceras personas y el miedo a que revelaran a sus familias a qué se dedicaban ellas en España", junto al temor a "represalias físicas, llevó a las víctimas a obedecer y a aceptar las indignas condiciones" impuestas, resume el texto de la Fiscalía.
El juicio se reanudará el próximo martes, sesión en la que se conocerán las decisiones adoptadas por el tribunal respecto a todas las cuestiones previas planteadas en esta primera sesión
