El hombre que ha sido recientemente condenado a medio año de cárcel por hacerse pasar por un abogado de extranjería ante una inmigrante a la que estafó mil euros en San Sebastián, volverá a ser juzgado en Donostia por otra estafa en la que presuntamente obtuvo 3.000 euros de otro ciudadano extranjero.
Se da la circunstancia de que el procesado es reincidente, ya que el 14 de junio de 2019 fue condenado por un juzgado de Gandía (Valencia) por delitos de intrusismo y estafa, entre otros, a dos años y cuatro meses de prisión cuyo cumplimiento aún tiene pendiente.
Los hechos ya juzgados en la capital guipuzcoana tuvieron lugar entre julio de 2020 y octubre de 2021, cuando el procesado, "guiado por el ánimo de atribuirse falsamente la calidad de letrado", simuló ser abogado en "llevando tareas de asesoramiento jurídico" en materia de extranjería "sin estar debidamente colegiado".
De esta manera, "guiado por el ánimo de obtener un enriquecimiento injusto", entró en contacto con la citada inmigrante "ofreciéndole asistencia jurídica y la realización de gestiones oportunas para la regularización de su situación administrativa" en nuestro país.
Como compensación por sus servicios, pidió a la mujer un total de mil euros que ella le abonó "en diferentes momentos", sin que nunca llegara a realizar "trámite alguno ante la administración pública dirigido a dar cumplimiento" a los servicios que le ofertó y sin devolver tampoco a la perjudicada el importe percibido.
Ahora, este mismo encausado volverá a sentarse en el banquillo de los acusados para hacer frente a una petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía.
En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público relata cómo el 9 de septiembre de 2021 el procesado concertó una cita con un ciudadano extranjero en un céntrico hotel donostiarra "con el fin de realizarle unas gestiones administrativas y económicas sobre su visado y actividad comercial en España".
Durante este encuentro, el inculpado presuntamente trasladó a su víctima que "realizaría diversas gestiones con operadores jurídicos internacionales para darles cuenta de sus peticiones, exigiéndole el abono de 3.000 euros para el desempeño de las tareas".
El damnificado realizó entonces una transferencia por el citado importe a una cuenta bancaria de la que el inculpado era titular, sin que éste llegara a realizar "ninguna de las gestiones prometidas".
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por el que reclama dos años de cárcel para el acusado y que indemnice a su víctima con la cantidad defraudada, si bien el pasado 8 de septiembre el procesado ya consignó 500 euros en las cuenta del juzgado para una posible reparación de los perjuicios causados.
