El de los secretarios e interventores municipales “es un trabajo puñetero. Incómodo, en muchas ocasiones”, ya que no todos los alcaldes entienden de igual manera que haya que esperar las semanas o meses que exigen los procedimientos y los plazos legales para activar determinadas actuaciones. Ni que cada decisión suya sea mirada con lupa y necesite un visto bueno. Pero es, a su vez, imprecindible. Y es una figura que escasea en Gipuzkoa como en ningún otro territorio del Estado; especialmente en los municipios pequeños, donde el problema se agrava por la falta de secretarios-interventores.
Las instituciones admiten que han tenido que recurrir a “parches” para evitar la paralización de ayuntamientos mientras se estabilizan 50 plazas en Euskadi
Sólo un 20% de las plazas necesarias en todo Gipuzkoa están ocupadas con plaza en propiedad, lo que durante meses ha tenido a las instituciones y a la Diputación haciendo “parcheos” para cubrir los puestos de trabajo y evitar la paralización de los municipios: desde la adjudicación de obras hasta el pago de subvenciones.
Aunque no tienen poder de decisión, estos empleados públicos son una figura esencial en el funcionamiento municipal, porque deben garantizar que todo lo que se hace en un Ayuntamiento se ajusta a la legalidad.
Proceso de estabilización
Los motivos de esta escasez tienen raíces profundas: problemas arrastrados durante años, diferencias interpretativas sobre la capacidad de las instituciones vascas para convocar estas plazas y un largo periodo sin convocatorias suficientes.
El último proceso de estabilización abordado por el Gobierno Vasco -que en los próximos días consolidará 50 plazas en toda la CAV, casi la mitad en Gipuzkoa- aliviará el problema en parte, pero seguirá resultando insuficiente.
Gobierno Vasco, diputaciones forales y la asociación de municipios vascos Eudel escenificaron el lunes en Gasteiz su preocupación en una rueda de prensa conjunta.
Pero el mismo proceso de estabilización también ha generado malestar entre parte del colectivo de profesionales que durante años han desempeñado estas funciones de forma interina en numerosos municipios.
Los alcaldes también han sudado tinta china en los últimos meses. De hecho, muchos hablan de “proceso de desestabilización”, porque ha provocado movimientos imprevisibles entre administraciones. Hablan de una “especie de lotería” en la que unos han terminado ganando y otros han perdido lo que tenían.
El baile comenzó antes del verano. “Muchos sabían que durante este proceso no iban a lograr plaza donde llevaban años trabajando y empezaron a moverse antes”, explican desde una Alcaldía guipuzcoana. El resultado ha sido que algunos municipios se han quedado sin secretarios que llevaban años en su puesto de forma interina.
Parches
“Es un problema muy grave”, señalan. “Para ocupar estos puestos hay que haber superado una oposición en algún lugar del Estado y esas listas están agotadas. Quedan muy pocos secretarios-interventores con habilitación nacional que cumplan los perfiles. Y los que ya tienen plaza, no se mueven”.
Algunos municipios han intentado incluso poner en marcha sus propios procesos selectivos. Ezkio e Irura, entre otros, han realizado convocatorias recientes para intentar atraer candidatos con habilitación nacional, pero “no se presenta nadie”.
Mientras tanto, las instituciones han tenido que recurrir a soluciones provisionales. La diputada foral de Gobernanza de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, reconocía esta semana que el funcionamiento de muchos municipios se ha sostenido con “parches”: acumulaciones temporales de tareas, nombramientos accidentales o personal procedente de bolsas de trabajo de otros puestos.
Claves
• Los secretarios velan por la legalidad de las decisiones municipales; los interventores controlan el uso de los recursos públicos y los tesoreros garantizan la liquidez.
• 119 plazas cubiertas: el 30% de los cerca de 400 puestos disponible en la CAV. El porcentaje alcanza el 45% en Araba, el 31% en Bizkaia y no llega al 20% en Gipuzkoa. Las cifras aumentarán con el último proceso de estabilización de plazas.
• El 27 de enero se publicó la orden por la que se nombró personal funcionario de carrera y se asignó destino a 50 personas. El plazo para la toma de posesión concluyó el 28 de febrero y las incorporaciones se están cerrando en estos días.
• El Gobierno Vasco prepara nuevas bases para crear bolsas temporales de trabajo con mayores garantías jurídicas y prevé convocar un examen antes del verano para disponer de una bolsa operativa a partir de septiembre.
• Se trabaja en un decreto que aclare las responsabilidades del Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos en la gestión del personal con habilitación nacional.
• Las diputaciones, por su parte, están apoyando a los ayuntamientos que optan por crear sus propias bolsas municipales.
En muchos casos, reconocen los propios alcaldes, han sido secretarios de otros municipios quienes han “hecho el favor” de asumir temporalmente esas funciones. Porque sin su informe jurídico los expedientes simplemente no pueden avanzar.
Cuando no hay más remedio, explican, se pide ayuda a la Diputación, que puede facilitar listas procedentes de otros procesos administrativos. El problema es que en ellas no siempre figuran perfiles jurídicos. “Puede haber gente muy válida, pero sin formación jurídica específica”, admiten.
De ahí que algunos ayuntamientos hayan optado incluso por contratar plataformas externas de asesoría jurídica para preparar expedientes tipo y reducir el riesgo de impugnaciones.
15 meses más tarde
Muchas de las personas que han participado en el proceso de estabilización llevaban años trabajando como interinos, sin haber logrado plaza en propiedad.
El problema es especialmente visible en Gipuzkoa, donde además existen plazas consideradas menos atractivas por cuestiones como la escasez de recursos municipales, la movilidad o las diferencias salariales entre ayuntamientos. Estas diferencias en la remuneración también han influido en el movimiento de secretarios entre municipios a la hora de elegir destino.
Pero lo peor, coinciden muchos profesionales, ha sido la incertidumbre. El proceso de estabilización debía haber terminado el 31 de diciembre de 2024 y concluye 15 meses después.
El Gobierno Vasco atribuye el retraso a los recursos judiciales presentados contra las convocatorias. De hecho, varias ofertas públicas de empleo, procesos de estabilización y bolsas temporales impulsadas por las administraciones vascas han sido recurridas por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), según denuncia Lakua. Pero también por el PP y Vox.
“Estabilidad” versus “maltrato”
Los aspirantes también critican el desarrollo del proceso. Algunos lamentan que el tribunal se haya reunido solo “dos veces al año” y que se les haya impuesto un periodo de prácticas que consideran injustificado tras años desempeñando estas funciones. Durante ese periodo, además, percibían una retribución básica de unos 500 euros.
“Han sido tres años de un proceso en el que nos han maltratado”, asegura uno de los aspirantes. Profesionales con años de experiencia que, en algunos casos, han visto cómo su perfil lingüístico 3 (PL3) de euskera no era suficiente frente a aspirantes sin experiencia pero con un PL4 acreditado.
Es un problema que afecta principalmente a los pueblos pequeños"
Por su parte, el Gobierno Vasco incide en que con este proceso el objetivo es “asegurar la estabilidad de estos funcionarios municipales” y de “nuestras instituciones locales”.
La preocupación es compartida por las diputaciones. La diputada guipuzcoana de Gobernanza, Irune Berasaluze, subraya que “se trata de un problema que afecta especialmente a los municipios más pequeños”.
En relación con el debate lingüístico, Berasaluze rechaza que se contraponga la exigencia de euskera con la capacidad técnica de los profesionales y defiende que en Euskadi existen juristas de alta cualificación con perfiles lingüísticos elevados.
El Boletín Oficial echa humo
Las dificultades para cubrir estos puestos se reflejan también en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, donde en los últimos meses se han sucedido resoluciones para reorganizar o cubrir temporalmente secretarías municipales.
En junio de 2025, por ejemplo, se tuvo que reorganizar la secretaría compartida entre varios municipios para garantizar el funcionamiento de Mutiloa y Zerain, recurriendo temporalmente a personal de otros ayuntamientos hasta encontrar un funcionario interino procedente de una bolsa de trabajo de Araba.
Casos similares se han repetido en otros municipios. Ordizia, por ejemplo, también tuvo que recurrir a un nombramiento accidental mientras se encontraba un secretario interino procedente de otra bolsa de trabajo.
No existe este problema en Navarra, la única comunidad autónoma con un régimen propio de administración local. Allí, los secretarios e interventores de todos los municipios dependen del Gobierno foral y no forman parte del sistema de habilitación nacional, lo que limita su movilidad fuera de la comunidad.
