La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) rechaza tajantemente el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como el Estatuto del Becario, porque no aclara quién financiará la compensación de gastos asociados a las prácticas.
Los universitarios inciden en que el texto, aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y que empezará su tramitación en el Parlamento, presenta "importantes deficiencias técnicas y de fondo", además de que regula de forma conjunta prácticas "muy distintas"; curriculares -obligatorias para aprobar la carrera-, extracurriculares o las de Formación Profesional.
Apelan a los grupos parlamentarios para que no respalden una norma que ha sido elaborada sin consenso y que -en su opinión- no mejora la situación de las prácticas académicas.
En un comunicado señalan que la falta de garantías claras sobre quién se hará cargo de los costes que supongan las prácticas de los estudiantes abrirá la puerta a que "recaigan en unas universidades ya infrafinanciadas, sin que ello suponga una mejora efectiva en la calidad formativa".
Críticas de CRUE y sobrecarga administrativa
En este mismo sentido se pronunció recientemente la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), que critica que sean las universidades las que paguen las cotizaciones del estudiantado que realiza las prácticas curriculares, incluidas en sus planes de estudio, y que pueden suponer hasta 9 millones de euros anuales, con bonificaciones.
CRUE también recuerda el "enorme esfuerzo de gestión administrativa" que representan unas 400.000 prácticas al año y lamenta la falta de diálogo con la comunidad universitaria. Señala además que debería fijarse la frontera entre prácticas académicas y contrato laboral.
Los estudiantes coinciden en que el Estatuto del Becario "puede convertirse en una herramienta de precarización invertida, aumentando la carga económica de las universidades y desestabilizando aún más los sistemas de control ya existentes".
Opinión de la FUE y compensación de gastos
La Fundación Universidad Empresa (FUE) ha señalado que hablar de un abuso generalizado de las empresas con los estudiantes en prácticas "no se corresponde con la realidad de un sistema exitoso".
Su portavoz Carmen Palomino recuerda que más del 60 % de las entidades que acogen estudiantes en prácticas son hospitales, centros educativos, administraciones públicas, juzgados y organizaciones del tercer sector.
"Cuatro millones de estudiantes han pasado por este sistema desde el inicio del Espacio Europeo de Educación Superior. Los malos usos deben identificarse y corregirse, pero no pueden definir a todo un sistema", señala.
"La norma no resuelve con claridad quién financia la compensación cuando la entidad de acogida no puede o no quiere asumir ese coste, y lo que ocurrirá es que las universidades acabarán absorbiéndolo para no perder plazas de prácticas, o bien las entidades con menos recursos dejarán de ofrecerlas", advierte.
La norma establece que los becarios tendrán derecho a una compensación por desplazamiento, alojamiento o manutención, si bien la empresa no estará obligada "si existen otras becas o ayudas que los cubran".
Si la empresa pone a disposición los servicios necesarios, que son los que hacen incurrir en dichos gastos, la compensación se entenderá resarcida, al igual que cuando las prácticas ya tengan una asignación económica suficiente por sí misma o junto a otras becas o ayudas. La norma también recoge que será obligatorio que los estudiantes en prácticas coticen a la Seguridad Social.
