El Gobierno español ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como Estatuto del Becario, con el objetivo de "luchar contra la precariedad".
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta norma supone "la reforma laboral para la gente joven en España".
Derechos y compensaciones
El proyecto de ley, que deberá contar con los apoyos necesarios en el Parlamento, busca compensar los gastos de los estudiantes en prácticas, garantizar el derecho a vacaciones y establecer multas para empresas que incumplan.
En este punto, Díaz se dirigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntando si su grupo se situará "del lado de la juventud" o no: "Queremos ver si el señor Feijóo está de lado de la juventud del país o les va a golpear en la cara", señaló.
Ámbito de aplicación
El Estatuto regula las prácticas de Formación Profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, especialidades formativas del sistema nacional de empleo y prácticas académicas externas de universidades, tanto curriculares como extracurriculares.
Su objetivo es erradicar los falsos becarios, que representan un doble fraude laboral y formativo. Entre 2021 y 2023, la Inspección de Trabajo regularizó cerca de 1.600 falsos becarios, y entre 2021 y 2025 detectó 2.688 casos en 6.519 actuaciones.
Impacto y necesidad de la norma
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que la ley "no puede ser más oportuna", ya que más de 2 millones de jóvenes, el 56 % mujeres, han cotizado en prácticas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024.
Según Saiz, el Estatuto garantiza los derechos de los jóvenes estudiantes y evita abusos en sus primeros pasos en el mercado laboral.
Estatuto del Becario
El Estatuto del Becario entrará ahora en el Congreso, donde se someterá a una tramitación parlamentaria complicada, ya que algunos grupos como PP, VOX y Junts podrían oponerse, presionados por la CEOE o los rectores universitarios que han mostrado desde el principio su rechazo a la norma.
El Consejo Económico y Social (CES) señaló recientemente en su dictamen sobre el Estatuto del Becario la falta de "estimaciones sólidas" sobre algunos datos necesarios para determinar la viabilidad y la repercusión económica de la aplicación de esta norma. En concreto, señaló que carecía de estimaciones "tanto del volumen y del flujo periódico" de personas que cursarán las prácticas no laborales que se busca regular, así como del número de empresas necesarias para atenderlos. También advirtió de la especial dificultad que pueden tener las pymes para afrontar los costes y cargas que conlleva la norma y pide articular ayudas.
