La sociedad vasca está sujeta a una doble tensión entre un sector de población que apuesta por el control y la vía punitiva hacia la juventud magrebí y quienes abogan por su integración, con políticas más inclusivas, educativas y protectoras. Son dos miradas que conviven y compiten a diario y, a este respecto, resulta llamativo que sean precisamente los jóvenes vascos quienes muestran más inquietud y temor por la inseguridad, por encima de otras generaciones de mayor edad a quienes de antemano cabría suponer más preocupación asociada a la vulnerabilidad.
Todo ello teniendo en cuenta que más del 70% de la población no tiene ninguna relación de amistad con personas de origen extranjero, ante lo cual la literatura internacional es contundente: donde no hay contacto, crecen el miedo y el prejuicio. “Cuando siete de cada diez personas no conocen a nadie magrebí, las imágenes mediáticas y los discursos alarmistas se convierten en la principal referencia. En este sentido, la distancia no es sólo consecuencia del racismo: es también uno de sus principales combustibles”.
Son datos y reflexiones que recoge Inseguridad sentida, marcos discursivos y criminalización, una investigación coordinada por Maitane Arnoso Martínez, presidenta de SOS Racismo Gipuzkoa e investigadora en el Departamento de Psicología Social de la EHU. El informe, al que ha tenido acceso este periódico y que este jueves será presentado en Donostia durante una mesa redonda que aborda la preocupación por la seguridad en los barrios, lleva a su vez la firma de Magdalena Bobowik, también del Departamento de Psicología Social de la EHU e investigadora de Ikerbasque.
“El discurso de la inseguridad desde la perspectiva más criminológica lo reproduce una buena parte de la sociedad. Entendemos que es un terreno peligroso, y por ello necesario rescatar esa otra parte de la población que apuesta por la integración”, subraya Arnoso.
La inseguridad "existe en tanto es vivida"
Los resultados del estudio muestran, en todo caso, que la inseguridad sentida en torno a los jóvenes magrebíes "no puede reducirse a una ficción mediática ni a un simple prejuicio". La inseguridad "existe en tanto es vivida" y expresada por parte de la ciudadanía: forma parte de su experiencia cotidiana del barrio, de sus emociones y de sus expectativas sobre el espacio público. "Negarla o minimizarla como si fuera solo miedo infundado no solo sería inexacto, sino que contribuye a aumentar la polarización y la sensación de que los malestares reales no son escuchados", recoge el estudio.
Precisamente por ello, señalan las investigadoras, la tarea no es negar la inseguridad sino comprender de qué está hecha, cómo se construye. El germen de este trabajo se sitúa un año atrás. En 2024, diversos barrios de Euskadi -entre ellos Egia y Martutene, en Donostia, junto a Zaramaga en Gasteiz y San Francisco en Bilbao- comenzaron a vivir un creciente malestar ciudadano asociado a una sensación de inseguridad. Buena parte de esa preocupación se articula en torno a una figura concreta: joven magrebí en situación de calle, altamente visible por su presencia en el espacio público, su precariedad residencial y su inscripción étnica.
Se trata de una figura que funciona como “condensador simbólico” de problemas muy diversos: falta de recursos habitacionales, agotamiento de los servicios sociales, la percepción de desorden en el espacio público, la incertidumbre económica y la desconfianza hacia las instituciones.
Es bien conocido el contexto político-social que se sitúa como telón de fondo: auge de las extremas derechas en Europa y en el Estado español que destacan, según recoge el estudio, por su capacidad para activar "de forma sistemática" el marco punitivo y centrar el debate en la urgencia de “restablecer el orden” y “recuperar la convivencia” mediante la disciplina y el castigo.
Miradas para comprender cómo nace la percepción de inseguridad
Partiendo de ese contexto, la investigación ha combinado diferentes miradas y materiales para comprender “cómo se construye y se vive la percepción de inseguridad” en torno a los jóvenes magrebíes. Así, se han analizado 63 artículos publicados entre 2023 y 2025 en tres diarios de referencia para conocer “cómo se han narrado los conflictos”. A su vez se ha hecho lo propio con la página de Facebook Colaboración Ciudadana Irun -tras la cual hay grupos vecinales organizados en patrullas para "velar por la seguridad de las calles"- y la cuenta de Instagram Lo que no te cuentan de Donostia. El objetivo, observar “cómo se articulan narrativas de miedo, exclusión y vigilancia vecinal”.
Para tener una percepción social más amplia se realizó además una encuesta online en las tres capitales de la CAV en la que participaron 892 personas. El trabajo se completó con dos series de entrevistas en profundidad. La primera, a trece jóvenes de origen magrebí residentes en Euskadi, muchos de ellos en situación administrativa irregular, marcados por la exclusión residencial o la vida en calle. La segunda, a trece agentes sociales, entre profesionales, voluntariado, redes vecinales y organizaciones antirracistas. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la EHU. ¿El resultado de todo ello?
Cuando se pregunta a la población vasca por los principales problemas asociados a los jóvenes magrebíes, aparece una jerarquía muy marcada. La respuesta mayoritaria se centra en la inseguridad. Un 62,8% de las personas encuestadas afirma estar bastante o muy preocupada por la “inseguridad que generan”, a pesar de que la mayoría no ha tenido experiencias directas de convivencia con este colectivo.
En un segundo plano, un 41% señala que la falta de oportunidades laborales y educativas es la causa fundamental de los problemas que enfrentan estos jóvenes, mostrando cierta sensibilidad hacia factores estructurales. El apoyo a medidas de control sobre los jóvenes magrebíes continúa siendo ampliamente mayoritario.
Seis de cada diez, a favor de más presencia policial
Un 60,1% considera que la policía debería patrullar con mayor frecuencia en las zonas donde residen, y un 57,6% respalda la imposición de normas más estrictas para limitar o regular su llegada. Aunque en menor proporción, alrededor de un tercio de la población legitima formas de control ciudadano: un 31,5% ve lícito organizar patrullas vecinales si “la policía no garantiza la seguridad”, y un 32,5% considera aceptable que la ciudadanía organice vigilancia específica sobre este colectivo en ausencia de intervención institucional.
En conjunto, estos datos “consolidan un clima securitario”. Dicho de otro modo, muestran una amplia normalización social de respuestas centradas en el control. Y lo más llamativo, según recoge la investigación, es su transversalidad: entre las personas que se identifican en la derecha del espectro ideológico, el apoyo a medidas de control aumenta de forma muy notable.
Un 87,3% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la policía patrulle con mayor frecuencia las zonas donde viven jóvenes magrebíes, y un 67,7% considera lícito que se organicen patrullas vecinales si la policía “no garantiza” la seguridad.
Entre quienes se identifican en la izquierda del espectro ideológico, el apoyo a medidas de control también es elevado, aunque notablemente menor. Un 68,9% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la policía patrulle más las zonas donde viven jóvenes magrebíes, y un 40,2% considera legítimo organizar patrullas vecinales “en caso de que la policía no garantice la seguridad”.
Esto rompe el mito, según señala la investigación, de que la “securitización” pertenece solo a la derecha: hoy atraviesa todo el espectro ideológico, y a este respecto, “cuando las medidas policiales se vuelven sentido común -añade el informe- se estrecha el margen para explorar soluciones sociales, preventivas o comunitarias”.
Así, Arnoso observa “una sociedad muy polarizada. Hacia la derecha se reproduce mucho el discurso de la inseguridad vinculado al delito y al control policial”. En el lado opuesto se situaría el sector de población más movilizado hacia la izquierda y, junto a estos dos polos, una gran parte de la sociedad que combina ambos posicionamientos: sienten "lástima" por estos jóvenes en situación de exclusión, pero les puede la sensación de inseguridad y los discursos más criminalizadores.
“Es fuerte. El discurso de la inseguridad desde la perspectiva más criminológica la reproduce una buena parte de la sociedad. Es peligroso; y muy necesario rescatar la parte de la sociedad que apuesta por la integración”, insiste.
El discurso de la extrema derecha cala en la juventud
La investigación revela además que los grupos más jóvenes y de mediana edad expresan los niveles más altos de preocupación por la inseguridad (el 63,3% entre 18-29 años, y el 68,5% entre 30-49), mientras que desciende progresivamente a partir de los 50 años (61,3% entre 50-65 años, y 51,9% entre quienes tienen 66 o más). “Parece que debería ser al revés, pero son los más jóvenes los más preocupados por la inseguridad, lo que revela que va calando en ellos los discursos de extrema derecha”, sostiene Arnoso.
La preocupación por la inseguridad es ligeramente más elevada en Bizkaia (65,5%) y Gipuzkoa (61,3%), mientras que Araba registra el porcentaje más bajo (55,5%). Este patrón sugiere que, aunque la inseguridad es un tema transversal, su presencia en el imaginario colectivo es algo menor en Araba.
El informe señala que mejorar la convivencia y reducir la inseguridad requiere actuar simultáneamente en tres planos: asegurar recursos estables para que nadie tenga que vivir en la calle, generar espacios de encuentro que "transformen el miedo en conocimiento mutuo", y promover una narrativa institucional y mediática que no niegue el malestar vecinal, pero que tampoco lo traduzca automáticamente en sospecha racializada, "evitando así el pánico moral y el señalamiento colectivo".
