El mapa de necesidades que dibuja el paulatino envejecimiento poblacional es inabarcable, y el deseo de cuidados acuciante. Basta reparar en un dato. En Gipuzkoa son ya este año 6.962 las personas dependientes que perciben la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), la ayuda foral que permite contratar a profesionales al cuidado del colectivo en las actividades básicas de su vida diaria en el hogar.

Si se analiza la evolución de esta prestación, se puede observar un crecimiento sostenido en el tiempo. El número de familias guipuzcoanas que recurre a la ayuda no cesa. En 2021 fueron 5.974; se pasó a 6.219 en 2023 y en lo que va de año son ya cerca de 7.000. Una evolución que muestra que cada vez más personas apuestan por continuar viviendo en casa con los apoyos necesarios, objetivo que hace suyo la Diputación de Gipuzkoa, que entiende que la política de cuidados también pasa por ofrecer la mejor atención en el hogar. 

De ahí que la demanda de profesionales aumente en Gipuzkoa al ritmo que marca el paulatino incremento de la esperanza de vida. Y en ese sentido el territorio envejece a marchas forzadas. Actualmente hay 31.024 personas dependientes y se estima que en los próximos cinco años aumenten a 36.000. Ocho de cada diez lo dicen bien claro: quieren ser atendidas en sus domicilios, por eso resulta tan importante profesionalizar el ámbito de los cuidados y dotar de competencias técnicas a quienes trabajan en el sector, principalmente mujeres migrantes contratadas directamente por las familias. 

“La falta de itinerarios flexibles dificulta que estas mujeres accedan a formaciones profesionales, lo que perpetúa una desigualdad estructural”, ha explicado este miércoles en rueda de prensa la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, que ha presentado la tercera edición del curso gratuito que permite formar a profesionales en este ámbito. En la comparecencia ha estado acompañada por la directora de Adinberri, Rakel San Sebastian, y Ana Monge, directora de Inmakulada Lanbide Ikastola. 

200 profesionales ya acreditan la formación

Actualmente son 80 personas cuidadoras las que están recibiendo formación, que se suman a las más de 200 que ya han obtenido el certificado de profesionalidad. El colectivo ronda así las 300 personas en un sector en el que trabajan 4.408 profesionales, que deberán hacer frente a un reto mayúsculo. De hecho, se estima que Gipuzkoa va a necesitar en los próximos años, entre reemplazos y nuevos profesionales, a cerca de 9.000 personas formadas en este ámbito. 

“Queremos dar respuesta a una realidad que nos interpela cada día más. Hay un número creciente de personas en situación de dependencia que quiere seguir viviendo en su entorno de confianza con los cuidados adecuados”, ha incidido Peña. 

En ese sentido, el nuevo curso gratuito, enmarcado en el programa Adinprest, tiene por objetivo facilitar el acceso a la obtención del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio a través de la vía no formal. 

Se trata de una formación necesaria a la hora de que las familias accedan a la PEAP, que otorga la Diputación. “A lo largo de estos años ha demostrado ser una herramienta esencial para muchas familias que encuentran en ella el respaldo necesario para asegurar cuidados de calidad en el hogar”, subraya la diputada. 

Así, cualquier persona que se encuentre en situación de dependencia puede solicitar esta prestación a través de los servicios sociales de su municipio. Una vez dado ese primer paso, profesionales de la Diputación realizan una valoración en el domicilio para determinar el grado de dependencia y las necesidades de apoyo. 

Para poder acceder a la PEAP es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos, estar empadronado en Gipuzkoa, acreditar la existencia de un contrato de trabajo para la prestación del servicio y que la persona contratada sea mayor de edad. 

En cuanto a las cuantías, Peña ha precisado que la prestación varía en función del grado de dependencia y de los recursos económicos de la unidad de convivencia, pudiendo aplicarse una reducción de hasta el 30% sobre el importe máximo.