La Ley de Familias cumple año y medio paralizada en el Congreso

Madrid – La Ley de Familias lleva año y medio bloqueada en el Congreso. El proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2024 y tramitado por vía de urgencia, acumula ya más de cincuenta prórrogas en el plazo de enmiendas sin que se haya fijado aún su primer debate parlamentario. La iniciativa nació en tiempos de Ione Belarra y fue presentada por su sucesor en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, como una norma destinada a actualizar la protección social y reconocer jurídicamente la diversidad de modelos familiares.

En su presentación, Bustinduy subrayó que el Estado arrastra un déficit estructural en gasto social respecto a la media europea, cercano a un punto del PIB, y recordó que los recortes de la última década habían agravado esa carencia. La ley pretendía responder a esa situación con medidas que, según el Gobierno central, reforzarían la red de apoyo a la crianza y cumplirían el mandato del artículo 39 de la Constitución.

Reconocimiento amplio

El texto reconoce de forma expresa a las familias monomarentales, las adoptivas, las LGTBI y aquellas que cuentan con personas con discapacidad entre sus miembros. También consolida la renta de crianza de 100 euros mensuales, ya vigente para las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años, las beneficiarias de prestaciones por desempleo, las que estén dadas de alta en la Seguridad Social con un mínimo de treinta días cotizados o las que perciben el complemento de apoyo a la infancia del Ingreso Mínimo Vital. La novedad se limita a una actualización técnica. La terminología pasará a hablar de “guarda con fines de adopción” en lugar de “acogimiento preadoptivo”.

Uno de los puntos más simbólicos es la eliminación del término “familia numerosa”. En su lugar, se introduce la categoría “familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza”. Bajo esa denominación se incluirán, entre otros supuestos, los hogares con cuatro hijos, las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, las monoparentales con dos hijos, aquellas con ingresos bajos o las que tengan un progenitor o un descendiente con una discapacidad superior al 33%. También se contemplan los casos de dos hijos cuando el hogar lo encabeza una víctima de violencia de género. No obstante, Bustinduy ha mostrado disposición a que en la tramitación parlamentaria se recupere la denominación tradicional, suprimida en el borrador.

El texto otorga además prioridad a las familias monoparentales en el acceso a la vivienda protegida y en la elección de centro escolar. Reconoce su derecho a dieciséis semanas de educación infantil gratuita dentro de los dos primeros años de vida del menor. En cuanto a las parejas de hecho, se prevé la creación de un registro estatal y se les equipara al matrimonio en aspectos como el acceso a pensiones de viudedad o al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos.

La estructura de la ley se organiza en cinco bloques: principios generales, protección común para todas las familias, medidas específicas para cada realidad, coordinación institucional y modificaciones normativas. El objetivo declarado es reforzar la igualdad, la justicia social y la libertad para que cada persona pueda desarrollar su proyecto vital.

La oposición del Partido Popular ha sido constante. Considera que el texto invade competencias autonómicas y, en octubre de 2024, registró su propia proposición de ley sobre conciliación. Mientras tanto, distintos colectivos sociales como la Federación de Asociaciones de Madres Solteras han denunciado el abandono institucional y han reclamado que el Congreso desbloquee la norma.