Bruselas – El nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación es de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea desde hace unas semanas, si bien su puesta en marcha avanza a ritmo desigual en los diferentes países y España está entre aquellos que aún no han desarrollado en ley varias novedades que prevé la norma europea. Es la primera vez que la Unión Europea impulsa una ley para escudar a los periodistas y medios de comunicación de presiones externas indebidas, salvaguardar la función de los medios públicos y reforzar la transparencia de las empresas mediáticas, de forma que se conozca públicamente quiénes son sus dueños y cómo se les asigna la publicidad institucional.
En la práctica, esto se materializará en bases de datos a nivel estatal con información sobre quién es propietario de cada medio de comunicación: tanto sobre la propiedad directa como la indirecta y, en cualquier caso, la de quien tenga un porcentaje de acciones como para llegar a influir en las decisiones editoriales. También cada medio a título individual tendrá que dar a conocer esta información en su sitio web de manera accesible.
En la misma línea, tanto los medios de comunicación como las administraciones públicas tendrán nuevas obligaciones sobre la transparencia de la publicidad institucional. Diferentes niveles de gobierno, desde el municipal hasta el nacional, deberán dar a conocer el presupuesto que destinan a ello, incluyendo nombre del medio, grupo al que pertenece y cantidad de dinero que recibe. La ley recoge también salvaguardias de la independencia de los medios públicos y a partir de ahora deberán fijarse por ley en cada país los criterios para el nombramiento y cese de sus altos cargos, la duración de sus mandatos y una financiación suficiente para cumplir con su misión y que además sea “previsible y sostenible”.
Supervisión
A cargo de supervisar cómo se aplica la norma en los países europeos estará el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, una entidad de nueva creación que durante 2025 presidirá la española Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), específicamente su consejero Carlos Aguilar. En conversación con Efe, Aguilar lamenta que algunos países se estén tomando la fecha de la aplicación del reglamento como el momento de empezar la tramitación legislativa de los cambios en vez de como el día en el que todo debe estar ya en funcionamiento.
“Algunos países ya lo tenían traspuesto, en algunos –como el Estado–justo ahora la ley está en trámite y además parcialmente, otros todavía no han empezado. Lo importante es que cuanto antes estén armonizadas todas las legislaciones europeas para que no haya agujeros”, urge el consejero de la CNMC. Aguilar asegura que en Bruselas se es “perfectamente consciente” de lo que ha costado sacar adelante la norma, una apuesta de los compases finales de la pasada legislatura europea, y confía que la Comisión “tomará las medidas oportunas” para que todos los países apliquen sus preceptos de manera uniforme. España, apunta Aguilar, no está “ni demasiado bien ni demasiado mal” en su progreso en la implementación del reglamento. El Consejo de Ministros acordó el pasado 29 de julio remitir al Congreso el proyecto de Ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación, que traslada a la ley española varias provisiones del reglamento europeo.
