Johana es solicitante de asilo latinoamericana. Llegó hace año y medio a Euskadi para reunirse con su marido, que había huido de su país natal tiempo antes. Juntos alquilan una habitación con baño privado por 400 euros, pero no tienen acceso a padrón, un documento que "lo es todo" para una persona que intenta regularizar su situación. "Dicen que eso aquí es gratis, pero desde que llegué siempre he tenido que pagar por el empadronamiento", lamenta. Recurrió a las redes de inmigrantes y encontró una mujer dispuesta a hacerles el favor... por 350 euros. "Al final conseguimos que fueran 300 euros por los dos". Ellos no son los únicos, tiene a otras ocho personas a las que cobra una cantidad similar. "Es un negocio impresionante que llevan tanto locales como inmigrantes con papeles y acceso a un alquiler", denuncia.
"Sé que es un abuso, son 700 euros en total que nos cuesta mucho reunir en las condiciones que estamos, sin trabajo estable. Pagar eso es cohibirte de comprar algo que quieres o necesitas, dejar de enviar dinero a tus hijos, buscar lo más económico para alimentarte, trabajar extra. Pero no es fácil encontrar una habitación para una pareja y estamos cómodos porque tenemos baño propio, pero la persona que reside en la casa no puede empadronarnos porque está cobrando una ayuda y se la quitarían", explica. Ambos están en la búsqueda de un empleo estable; su marido acaba de terminar sus estudios de soldadura y ella está haciendo prácticas tras completar un curso de Lanbide. Mientras, van cogiendo empleos por horas que les van saliendo.
"Dicen que eso aquí es gratis, pero desde que llegué siempre he tenido que pagar"
El alquiler ilegal de empadronamientos ha crecido al calor de la crisis de vivienda. "Se han creado verdaderas mafias. Ahora mismo se está gestionando como si fuera el alquiler de un piso, están pidiendo tres mensualidades. Imagínate, si cobran 200 euros al mes son 600 euros que se tienen que adelantar para poder empadronarse. Ahora mismo ese derecho está siendo usurpado por otras personas que se dedican a abusar", denuncia María Juncay, presidenta de Emakume Migratu Feministak-Ciudadoras Sociosanitarias, que representa a un sector muy afectado por estas prácticas, el de las internas cuyos empleadores no quieren empadronar.
Con unos precios de los alquileres difíciles de afrontar, muchas personas terminan subalquilando habitaciones, una práctica que tienen prohibida por contrato y que les lleva a negar el derecho al empadronamiento a sus inquilinos. Y las personas inmigrantes son las más afectadas porque sin este documento son invisibles: no pueden acceder a la sanidad pública ni a servicios sociales, tampoco a cursos de Lanbide, no pueden matricular a sus hijos en el colegio con normalidad y no pueden iniciar los trámites de regularización.
Un ejemplo muy claro es el que está sucediendo ahora mismo en Valencia. Tras la dana del pasado noviembre, el Gobierno español abrió un proceso de regularización extraordinaria para los inmigrantes afectados por el desastre, pero todavía hay personas que no han podido acreditar su residencia. "La gente autóctona, normalmente está empadronada en algún sitio ya. La demanda de ese derecho viene fundamentalmente de las personas extranjeras", explica Juncay. Nuevamente, migración y crisis de vivienda demuestran que son dos fenómenos entrelazados.
"Se está gestionando como si fuera el alquiler de un piso, piden tres mensualidades"
Solo hace falta echar un vistazo a las diferentes páginas de Facebook en las que se mueven estas gestiones. Son muchas más personas las que escriben buscando una solución residencial que quienes ofrecen habitaciones en alquiler. Y en todas ellas hay una característica común: la palabra padrón. Hay quienes buscan inquilinos y ofrecen "contrato y padrón", pero también quienes dejan bien claro que "sin padrón".
En la parte de la demanda, no solo hay gente buscando alquileres, también simplemente empadronamiento. "En los mismo anuncios que pone 'sin padrón', si te pones en contacto te derivan desde ahí con la persona que puede empadronarte. Es todo una red", explica Juncay. "Esto se sabe, llevamos años alertándolo y cada vez va a más porque no se hace nada y porque hay una crisis de vivienda que está empujando a ello", denuncia.
Trabajo en Eudel
"Se juntan dos cosas, un aumento de la llegada de personas nuevas a vivir a los municipios y la situación de la vivienda, la escasez y el precio. Ahora hay muchas personas que viven en casas pero que no tienen ningún documento que acredite que están allí. Este fenómeno es algo que no se veía hace diez años o al menos no con esta intensidad. Es urgente que las instituciones se adapten a esta nueva realidad", insta Germán García Marroquín, miembro de Errolda Kanpaina, una plataforma creada hace dos años que lucha por que todas estas personas puedan acceder a un padrón social.
Esta es una medida que está estudiando actualmente Eudel. Según explican desde la asociación de municipios vascos, el tema se abordó en la Comisión Ejecutiva y se está analizando una posible regulación del empadronamiento social para diferentes situaciones: personas que carecen de vivienda (sinhogar), que residen en recursos sociales, como mujeres víctimas, y aquellas personas que no cuentan con la autorización para empadronarse en el domicilio donde viven.
"El precio y la escasez de vivienda impulsan este fenómeno que hace diez años no se daba"
Ya hay un grupo de trabajo compuesto por las áreas de Servicios Sociales y de Padrón que está realizando el análisis técnico con la idea de establecer unas directrices comunes que faciliten el trabajo a los ayuntamientos. Está previsto que Errolda Kanpaina se reúna con este equipo antes de que se apruebe el documento, pero de momento están a la espera de que les citen. "Esto va a suponer un paso, porque es una orientación por parte de Eudel, es decir, ya hay un documento", se felicita García Marroquín, quien reconoce, en cambio, que este no es el final del camino.
"Después será cada ayuntamiento quien tenga que incluirlo en sus normas, porque es su competencia", explica. Actualmente, el padrón social para personas sin hogar es un derecho reconocido a través de una ley estatal que los consistorios están obligados a cumplir. Lo que se pide ahora a Eudel es que elabore un documento específico sobre esta modalidad de empadronamiento y que amplíe las personas beneficiarias. Este registro se gestionaría a través de los servicios sociales del municipio, que deben comprobar primero que la persona reside en una vivienda de la localidad pero sin padrón. "En Barcelona, concretamente, ya tienen un documento que es el certificado de residencia, que los servicios sociales dan fe de que esa persona está residiendo en el municipio y Padrón, con ese informe, les empadrona", pone como ejemplo.
"El padrón es la puerta que da acceso a la inclusión. La situación que se está viviendo ahora no solamente tiene como consecuencia el coste económico que supone estar pagando por un empadronamiento, sino el mensaje que se lanza, parece que estás diciendo que la manera que tienen de integrarse es haciendo trampas. Los ayuntamientos saben que esto está pasando, es hora de ponerle fin y de esta manera sabes cuántas personas residen realmente en tu municipio y cuál es su situación. Creo que es beneficioso para todos", analiza García Marroquín.
Trabajadoras internas
María Juncay es consciente de que, para las mujeres que realizan trabajos de cuidados en régimen de internas, el padrón social puede no ser una solución. ¿Cómo van a certificar que están ahí si son invisibles y si los empleadores quieren que sigan siéndolo? ¿Cómo van a comprobar los servicios sociales su residencia en el municipio sin la colaboración de los dueños de las viviendas? Son preguntas que están en el aire y que puede que sigan sin tener respuesta en el corto plazo. "Estas mujeres se enfrentan al despido. Los empleadores no quieren que estén visibilizadas porque están sin contrato", explica la presidenta de Emakume Migratu Feministak, que trabaja por la erradicación del trabajo de interna.
Para estos casos ella aboga por el padrón solidario, que ciudadanos empadronen a estas personas en sus domicilios de forma desinteresada a pesar que no residan ahí. También han puesto en macha una iniciativa de viviendas comunitarias con un triple objetivo: ofrecer una solución habitacional a mujeres para que puedan dejar el trabajo de internas, que tengan acceso al empadronamiento y que puedan residir en una vivienda a un precio más accesible. De momento cuentan con dos inmuebles.
