“Estamos en una situación de incertidumbre, no sabemos qué va a ocurrir. Llevamos un año trabajando y cotizando, pero nos dejan sin nada. ¿De qué vamos a vivir?". La peruana Paola Ormeño reside con su familia en Irun desde hace dos años. Huyó de la inseguridad y de las amenazas de muerte en su país, hasta fijar su proyecto de vida en Gipuzkoa. El nuevo Reglamento de Extranjería, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, se ha convertido en una pesadilla para solicitantes de asilo que, como ella, se encuentran pendientes de resolución o admisión y que se ven abocadas a una situación administrativa irregular si sus peticiones son denegadas.
No se trata de un caso puntual. Un total de 4.853 personas solicitaron el año pasado protección internacional en el País Vasco, según los datos facilitados a este periódico por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi, de los que 1.063 lo hicieron en las oficinas de Donostia. El goteo es constante y durante los cuatro primeros meses de este año son 2.950 inmigrantes, 559 en la capital guipuzcoana, según los datos provisionales facilitados por el Ministerio del Interior. La Comunidad Autónoma Vasca se sitúa como la cuarta del Estado en número de solicitudes, solo por detrás de Madrid, Andalucía y Catalunya.
Atendiendo sólo a los datos del último año, se trata de un colectivo de más de 7.000 inmigrantes que vive muy preocupado por la reforma del Reglamento de Extranjería, que entra en vigor con el objetivo de adaptarse a las nuevas realidades sociales, económicas y demográficas del Estado, y que la administración ha publicitado como una medida progresista que se acomoda a los nuevos tiempos.
La letra pequeña de la reforma
Lo cierto es que ha propiciado una situación inédita que afecta de lleno a estas personas. La reforma tiene, sin duda, efectos positivos ya que facilitará el acceso a un permiso de residencia y trabajo, al reducir algunos de los requisitos exigibles para regularizarse, principalmente con la rebaja de tres a dos años del tiempo previo de estancia en el territorio para poder acceder al procedimiento de regularización.
La administración incide en ese aspecto, el más positivo del cambio legal, “pero desde luego que leyendo la letra pequeña la mejora es cuestionable y muy relativa”, asegura a este periódico Mikel Mazkiaran, abogado de SOS Racismo, que va incluso más allá. En opinión de este experimentado letrado se da “una situación absolutamente paradójica como no se ha visto nunca en las diferentes modificaciones que ha habido del Reglamento de Extranjería: muchas personas que tienen trabajo obtenido en la medida en que son solicitantes de asilo se van a ver obligadas a renunciar a su solicitud de asilo para no perder el tiempo de estancia que llevan acumulado. Renunciar al asilo supone renunciar a una situación legal con trabajo, algo que está absolutamente en contra de lo que sería el objetivo de cualquier reforma”, denuncia.
La razón de este quebradero de cabeza tiene nombre y apellido: el artículo 126, b del nuevo Reglamento de Extranjería. El texto señala lo siguiente: “Cuando la persona extranjera haya sido solicitante de protección internacional, no será computable el tiempo de permanencia en España durante la tramitación de la solicitud de protección internacional hasta su resolución firme en sede administrativa y, en su caso, judicial”, a efectos del cómputo de los dos años necesarios para su regulación.
Compleja tesitura
Tal y como plantea una disposición adicional del nuevo reglamento, se ven obligadas a optar entre renunciar a su situación de solicitante de asilo para no perder el tiempo de antigüedad en el territorio -lo que conlleva tener que dejar su trabajo- o continuar con su trámite y ver qué ocurre finalmente. "Si es rechazada, algo que sucede habitualmente, empiezan de cero. Sólo a partir de ese momento comienza a contar el tiempo de estancia que les va a permitir regularizar su situación al cabo de dos años a través del arraigo", explica Mazkiaran.
La denegación de la solicitud de asilo supone no solo la pérdida de esta autorización sino que durante el primer año de vigencia del Reglamento tendrán que permanecer seis meses en situación irregular si quieren solicitar los permisos por arraigo
Hasta ahora estas personas contaban con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español durante el periodo de tramitación de su solicitud, que suele ser de entre uno y dos años. Con la reforma del Reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supone no solo la pérdida de esta autorización sino que, durante el primer año de vigencia del Reglamento, tendrán que permanecer seis meses en situación irregular si quieren solicitar los permisos por arraigo, y una vez pase este tiempo, deberán esperar dos años más para poder solicitar las autorizaciones, porque no se les reconocerá el tiempo de residencia previo.
De esta forma, el nuevo Reglamento de Extranjería va a provocar que personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en el Estado, sean penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos.
"No sabemos qué va a ocurrir"
"Somos cuatro personas en la familia: mi marido, mi niña de diez años que está escolarizada, y mi niño de cinco que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). Podríamos presentar un recurso, pero hemos optado por no hacerlo porque tendríamos que estar seis meses ilegalmente para poder optar a un arraigo". El 7 de marzo la peruana Ormeño, que compareció el pasado 10 de abril en las Juntas Generales de Gipuzkoa, recibió la denegación a su solicitud. "A esos meses de espera de manera ilegal hay que sumarle el tiempo que va a pasar para poder encontrar un precontrato. No sabemos qué va a ocurrir. Yo me sigo formando. Me parece injusta la denegación porque necesitamos esa protección. No tenemos previsto volver a nuestro país”, confiesa la mujer.
Así, el nuevo Reglamento, que paradójicamente ha sido presentado como un avance social y progresista por reducir los requisitos para la regularización de las personas inmigrantes, provoca que "miles de personas en situación legal”, con permisos de trabajo, vuelvan a caer durante años en una situación de irregularidad, precariedad y falta de derechos. Según los datos facilitados por CEAR, en el Estado hubo el año pasado 167.366 solicitantes de asilo.
"Es como si se tratara de la memoria de un ordenador. Son personas que se encuentran en una situación en la que, a partir del 20 de mayo, ven cómo se borra su tiempo de estancia previo. Es un cambio que ha planteado situaciones muy problemáticas para quienes ya estaban aquí y son solicitantes de asilo", asegura Mazkiaran.
"Las facturas hay que seguir pagando"
Entre otras razones, explica, porque “las facturas hay que seguir pagando. ¿Cómo vas a renunciar a tu trabajo?", se pregunta el abogado. “El reglamento ha venido de la mano de una serie de instrucciones que indican que la renuncia del asilo debe ser expresa. Esto pasa porque personas que están trabajando dejen su empleo. Le tienen que explicar a la persona empleadora que inician un nuevo trámite a través de la figura del arraigo, y que a partir de ese momento precisan un precontrato. A partir de ahí nos encontramos con los plazos de resolución, que en el caso de la oficina de Extranjería son de cuatro y cinco meses", advierte.
Parte del colectivo se verá obligado a comunicarle a su empleador que renuncia a su trabajo y confiar en que una vez que vuelva a regularizar su situación pueda retomar la relación laboral. “Muy bueno tiene que ser un empleador para aceptar una situación así”, se plantea Mazkiaran.
"No sabemos lo que va a ocurrir. La incertidumbre es absoluta. Necesitamos saber que no nos van a quitar la posibilidad de trabajar"
La familia de Ormeño no tiene las cosas ni mucho menos claras a la hora de pensar en el futuro más inmediato. "¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es un quita y pon, y actualmente hay muchas personas esperando un puesto de trabajo. Si mi marido se ve obligado a dejar su actual empleo, y de aquí a seis meses vuelve a la misma empresa pidiendo un precontrato, no sé hasta qué punto se lo volverán a hacer. No sabemos lo que va a ocurrir. La incertidumbre es absoluta. Necesitamos saber que no nos van a quitar la posibilidad de trabajar. Estamos insertados en la sociedad, cotizando y aportando a la sociedad”, subraya.
La comparecencia de Ormeño en las Juntas Generales se produjo de la mano de la Asociación Bizirun, que trabaja para facilitar el acceso de las familias vulnerables a sus derechos y prestaciones sociales. "Estamos aquí porque estamos muy cabreados con lo que está pasando, y nos parece increíble que ningún partido político ni ningún medio de comunicación se haya interesado hasta ahora por este tema", señaló Carlos Remacha, integrante de una agrupación que ha atendido en los dos últimos años y medio a 500 familias vulnerables residentes en Gipuzkoa, con 115 nuevas familias llamando a la puerta de la organización en lo que va de año.
Entre todas ellas hay muchos solicitantes de protección internacional. Varias asociaciones como CEAR, Cáritas Red Acoge o SOS Racismo han presentado varios recursos ante el Tribunal Supremo. Las entidades sociales creen que una de las consecuencias de esta decisión es desincentivar a las personas a solicitar protección internacional en el Estado. Se busca de esta forma, aseguran, reducir el número de solicitudes para dar respuesta a la "falta de capacidad de la Administración" para tramitar y acoger al creciente número de personas que se ven forzadas a huir su país de origen y buscar protección en España.
Consideran que se genera de esta manera una “inseguridad jurídica” que puede contradecir al propio (ILP) de regularización extraordinaria como vía para garantizar derechos a miles de personas que viven y trabajan en nuestro país.
