Gipuzkoa registra solo el 5% de los casos irregulares en VPO de Euskadi

El número de irregularidades en Viviendas de Protección Oficial (VPO) no para de caer en Gipuzkoa y, de este modo, el pasado año el territorio registró solo el 5% de los casos posibles de sanción que se registraron en toda Euskadi. Se trata del dato más bajo desde que en 2009 el Gobierno Vasco puso en marcha este órgano para perseguir el fraude en el acceso a los pisos protegidos. En 2024 únicamente tuvo que interponer tres sanciones económicas en Gipuzkoa.

Según se desprende de una respuesta parlamentaria del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, a una pregunta del grupo popular, el pasado año solamente se interpusieron seis sanciones por fraude en VPO en Euskadi, de las que la mitad tuvieron lugar en Gipuzkoa y las otras tres en Bizkaia. En Araba, por su parte, no se registró ninguna.

Se trata de un dato menor que el de años anteriores, ya que en 2023 hubo el doble de sanciones en territorio guipuzcoano, mientras que en el ejercicio anterior se dieron hasta siete infracciones. En Bizkaia hubo doce sanciones en 2023 y hasta 29 en 2024, y en Araba, por su parte, dos hace dos años y ocho hace tres.

Estos son los casos que derivaron en sanción de entre todos los irregulares que fueron detectados inicialmente y de los que solo el 5% tuvieron lugar en Gipuzkoa. En Euskadi se registraron 1.102 infracciones posibles, 61 de ellas en territorio guipuzcoano. Araba, a pesar de no contar con ninguna sanción, lideró la lista con 604 casos, mientras que Bizkaia contabilizó 437 posibles irregulares.

En el caso de Gipuzkoa, se trata de una cifra ligeramente inferior al año anterior, cuando se dieron 74 posibles infracciones, y superior a 2022, con 51 casos. Hasta ahora, Bizkaia había liderado el ranking con 223 en 2023 y 267 en 2022, y Araba contó con 72 hace dos años y con 98 hace tres.

Menos inspecciones

Al igual que el número de sanciones descendió en el último año, también lo hicieron las inspecciones. Gipuzkoa registró en 2024 el 25% de todas las que se realizaron en Euskadi, con 1.685, de las 7.178 que se llevaron a cabo. La mayoría de ellas, 3.017, se realizaron en Bizkaia, seguida de Araba con 2.296.

Se trata de una cifra similar al ejercicio anterior, cuando hubo 7.567 en Euskadi, de las que 2.152 fueron en Gipuzkoa. En este territorio hace tres años hubo casi mil inspecciones más que en 2024, un total de 2.836. Bizkaia también ha reducido en mil la cuantía desde las 4.052 de 2022 y en Araba han descendido algo menos desde las 2.984.

Al haberse impuesto menos sanciones, las cuantías también han ido reduciéndose. Según la actual normativa, una infracción leve puede acarrear una multa de entre 300 y 3.000 euros; de 3.001 a 20.000 euros en caso de ser grave; y de 20.001 a 150.000 euros si es muy grave. Una vez el órgano tramita un expediente sancionador, un instructor debe determinar si se debe hacer o no en base a la documentación registrada y marca una resolución.

En la inmensa mayoría de los casos, las posibles irregularidades no materializan y no se llega a interponer una sanción. Entre las que sí lo hacen, la causa más habitual es la de ausencia continuada e imposibilidad de contacto. Este tipo de incidencia, de hecho, fue la causa de las tres sanciones interpuestas el pasado año en Gipuzkoa –dos en Donostia y una en Zumaia–, con un importe que ascendió hasta los 19.700 euros entre las tres.

En 2023, sin embargo, se llegaron a poner multas de una cuantía total de 45.000 euros, destacando los 15.300 euros de sanción al dueño de una VPO de Elgoibar. En 2022, por último, el importe de las sanciones ascendió hasta los 36.602 euros.